Bloomberg — El presidente Andrés Manuel López Obrador deja a su sucesora un México con una moneda volátil, un crecimiento económico tibio y el déficit presupuestario más grande desde la década de los ochenta. Pero el reto más apremiante que enfrenta Claudia Sheinbaum es el de calmar los temores de los inversores en relación a la reforma del poder judicial emprendida por el líder saliente.
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El plan, por el que se elegirán por voto popular a miles de jueces y magistrados en todo el país, se aprobó este mes en medio de las protestas de la oposición, los inversores y los líderes empresariales, que temen que dicha reforma elimine los contrapesos al partido gobernante, Morena, y erosione el Estado de Derecho.
En su intento por tranquilizar a los inversionistas, Sheinbaum —que asumirá el cargo el 1 de octubre— dio señales de continuidad un día después de la elección confirmando que la mayor parte del equipo actual de la Secretaría de Hacienda permanecerá en sus puestos. Sin embargo, dado el historial del actual presidente de enfrentamientos con la empresa privada y de concesiones a la petrolera estatal, fuertemente endeudada, no está claro hasta qué punto dicho anuncio logró su cometido.
Además de cuestionamientos por parte de dos de los mayores socios comerciales de México —Estados Unidos y Canadá— y de haber suscitado dudas sobre la independencia judicial, la reforma ha despertado inquietud sobre hasta dónde llegará Morena para aprobar otras reformas radicales propuestas por AMLO, como se conoce al presidente saliente. La lista incluye la eliminación de los reguladores independientes en los sectores de la energía y las telecomunicaciones en favor de la supervisión ministerial.
Sheinbaum “tendrá un alto costo político por la aprobación de la reforma judicial”, dijo Amrit Singh, director ejecutivo del Rule of Law Impact Lab de la Escuela de Derecho de Stanford, en California. La presidenta electa “tendrá problemas para convencer a los mexicanos de que realmente tiene la intención de poner sus intereses por encima de los cálculos políticos que la obligan a continuar el legado de AMLO”.
La forma en que Morena fraguó su victoria legislativa en el último mes del sexenio de López Obrador, logrando que un senador de la oposición cambiara de bando en medio de acusaciones de coacción, no hizo sino acrecentar los temores de que el partido no se detendrá ante nada en su búsqueda del poder.
El senador que emitió el voto decisivo —en el último minuto, tras una prolongada ausencia— calificó el cambio de su anterior postura contraria a la reforma como “la decisión más difícil” de su vida. Otro legislador de la oposición nunca llegó a intervenir, en medio de acusaciones de que su padre había sido detenido y su casa rodeada por agentes de policía.
El cambio de voto del senador se produjo después de que un miembro de alto rango de Morena, el ex secretario de Gobernación Adán Augusto López, supuestamente prometiera que el gobierno archivaría las investigaciones por corrupción contra él y su familia, según columnistas políticos en México. Mientras que el legislador de la oposición que nunca llegó a la sesión fue amenazado con que su padre sería procesado si abandonaba la ciudad de Campeche y cumplía su promesa de votar en contra del plan, según una declaración su partido Movimiento Ciudadano. Una investigación de El País sugiere que su ausencia fue acordada de antemano.
En su rueda de prensa matutina del 11 de septiembre, AMLO reconoció que López podría haber hablado con el senador que cambió su voto, pero negó que el legislador hubiera recibido pagos a cambio o amenazas. “En la política siempre hay que optar entre inconvenientes y buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios”, dijo el presidente sobre su estrategia para conseguir el voto que faltaba.
Incluso los expertos mexicanos que antes defendían a la dirigencia de Morena se escandalizaron de que el presidente y sus aliados tomaran medidas tan flagrantes para lograr la aprobación de la polémica reforma. Así que reparar la imagen del partido y demostrar que sus legisladores se alinearán detrás de alguien que no sea AMLO, cuyo hijo fue nombrado para un alto cargo dirigencial de Morena el domingo 22 de septiembre.
“Le está imponiendo un escenario altamente conflictivo y muy disruptivo al promover una enorme reforma —la más importante en décadas— justo antes de que ella comience su gobierno”, dijo Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para una Transición Democrática, un think tank en la capital mexicana.
A pesar del desafío, Sheinbaum ha intentado desarrollar sus propios planes en los últimos meses. En declaraciones a la prensa la semana pasada, negó que López Obrador vaya a seguir teniendo una voz de mando durante su gobierno, señalando que él ha dicho en repetidas ocasiones que se retira para escribir un libro.
Sin embargo, la presidenta electa dijo que continuará implementando la visión de AMLO para México, incluyendo la reforma judicial. “Nuestros adversarios quieren que haya una ruptura, pero no puede haber una ruptura si hemos estado construyendo este proyecto juntos”, dijo Sheinbaum. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios para este artículo.
Más allá de las repercusiones políticas de la reforma, la nueva presidenta también deberá hacer frente a los reveses económicos que deja López Obrador.
Hasta el viernes, el peso mexicano había caído alrededor de un 14% desde las elecciones de junio, convirtiéndose en una de las divisas principales con peor rendimiento al tiempo que los legisladores discutían el plan de AMLO para elegir jueces. El banco central recortó recientemente su previsión de crecimiento para este año al 1,5% desde el 2,4% anterior, y rebajó su estimación para 2025 a un crecimiento económico del 1,2%.
La petrolera estatal Petróleos Mexicanos, por su parte, carga una deuda de casi US$100.000 millones y ha necesitado frecuentes ayudas del Gobierno en su intento por reducirla. AMLO dijo el viernes que espera que Sheinbaum continúe inyectando efectivo del gobierno porque ella “está de acuerdo con lo que hemos establecido” y que “nuestra política económica continuará”.
Las necesidades de Pemex serán un factor importante cuando la presidenta electa presente un presupuesto final en noviembre, aunque tiene por objetivo reducir el déficit a menos del 3,5% del producto interior bruto desde el abultado 5,9% actual.
También está la gestión de la relación con los países vecinos de México, después de que los embajadores de EE.UU. y Canadá se pronunciaran en contra de la reforma judicial. Washington podría buscar cambios durante la revisión de 2026 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que abriría vías para el arbitraje internacional en lugar de limitar a las empresas a las resoluciones en los tribunales mexicanos, según Andy Shoyer, socio de Sidley Austin LLP que anteriormente fue asesor jurídico en la Oficina del Representante Comercial de EE.UU.
Tras ganar las elecciones de forma aplastante con casi el 60% de los votos, la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México dispone de un amplio margen de maniobra interno. Sin embargo, las preocupaciones en torno a la reforma judicial y la manipulación legislativa necesaria para aprobarla plantean interrogantes sobre la posibilidad de que los inversores internacionales se alejen de México.
El discurso de toma de posesión de Sheinbaum será una señal clave para los mercados, según Gabriela Soni, jefa de estrategia de inversión de UBS México, que espera escuchar un mensaje conciliador tras los enfrentamientos de AMLO con las grandes empresas. “Tienen muy poco espacio fiscal”, dijo Soni, “así que tienen que abrirse hacia el sector privado para lograr su agenda tan ambiciosa que tienen”.
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