Ciudad de México — Cemex (CEMEXCPO), una cementera mexicana con presencia internacional, deberá pagar una multa fiscal en España, tras una decisión judicial adversa vinculada a pérdidas fiscales declaradas por la compañía en ese país hace más de 10 años.
La empresa, con sede en el estado de Nuevo León, fue notificada que el Tribunal Supremo de España resolvió en su contra en un proceso presentado en marzo de este año, por lo que deberá pagar multas por 456 millones de euros, cerca de US$498 millones, informó en un comunicado.
La multa se vincula a una auditoría realizada por las autoridades españolas en 2011 sobre los ejercicios fiscales de 2006 a 2009. La empresa registrará el cargo por la multa en los estados financieros del cuarto trimestre, además de gastos fiscales adicionales por US$111 millones con relación a los ejercicios fiscales 2010 a 2014.
“Cemex España está categóricamente en desacuerdo con la resolución y se encuentra evaluando los posibles pasos, incluyendo la posible presentación de una apelación ante el Tribunal Constitucional de España”, dijo la compañía.
El monto de los pagos a las autoridades fiscales españolas sobrepasaría los US$550 millones en impuestos previstos a realizar por la empresa durante el año fiscal 2023 de manera consolidada.
El gasto se da en medio de los esfuerzos de la compañía de enfocar sus recursos a recuperar el grado de inversión, perdido tras la crisis de 2008. A pesar del efecto financiero de la multa, Cemex no espera que la decisión afecte sus operaciones.
Desde 2011, las autoridades fiscales de España han disputado una parte de las pérdidas fiscales reportadas por Cemex durante el periodo de 2006 a 2009. Hasta finales de 2020, Cemex consideraba que no era probable una resolución adversa del procedimiento por lo que no había creado provisiones relacionadas.
La situación cambió a finales de 2021, cuando la cementera recibió una resolución judicial en su contra relacionada con esta disputa con las autoridades fiscales de España.
En ese momento, Cemex señaló que recurrirá a la Suprema Corte de ese país para solicitar un recurso de casación, con el que buscaba echar por debajo la decisión de la Audiencia Nacional que le negó una apelación en contra de las multas establecidas por el Tribunal Económico Administrativo Central
