Ciudad de México — El presidente Andrés Manuel López Obrador sacó las tijeras hacia la recta final de su sexenio para desaparecer a 18 organismos y buscar ahorros como parte de su política de austeridad, con el fin de redireccionar el presupuesto a programas prioritarios de su Gobierno que se están convirtiendo en una presión fiscal para las finanzas públicas.
El mandatario envió a la Cámara de Diputados una reforma en materia de simplificación orgánica que implica desaparecer 18 organismos que tienen un presupuesto en su conjunto de alrededor de MXN$2,400 millones y una plantilla laboral de casi 3,500 personas, entre personas de base como de confianza.
La iniciativa de AMLO, como es conocido el presidente, llega cuando el Gobierno enfrenta presiones en el gasto que va a programas sociales, como es el apoyo a personas adultas mayores o las becas para estudiantes, y cuando el Gobierno busca recursos para capitalizar al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que comprará los activos a Iberdrola.
La reforma administrativa presidencial pretende racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales “adecuadamente”.
Para ese fin, se suprimen, trasladan, integran, convierten, contraen o fusionan unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos hacia dependencias o entidades de la APF, cuyas funciones se encuentran duplicadas o segmentadas “de manera innecesaria” en varias instancias.
No es la primera vez que AMLO recurre a la desaparición de entes de la APF para buscar recursos adicionales.
Cuando inició su sexenio, publicó un decreto por el que se ordenó la extinción de 150 fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos, una medida que fue polémica porque el presidente no presentó algún estudio que demostrara corrupción o malos manejos en esos fideicomisos.
La reorganización que se propone con la reforma implica que 17 organismos desaparezcan y se fusionen con Secretarías de Estado, y que 1 fideicomiso, el Fideicomiso de Fomento Minero, se elimine por completo.
AMLO propone desparecer organismos como la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, en otros.
La mayoría de los organismos que desaparecen se convertirían en una Unidad dentro de una Secretaría de Estado: dicha Unidad absorbería a los trabajadores, a quienes se les respetará su plaza y sus derechos, según prometió AMLO.
El presupuesto que ahora tienen los 18 organismos de la APF se compensaría a la Secretaría de Estado que absorba al organismo eliminado.
Los artículos transitorios de la reforma establecen que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto se realizarán con cargo a los recursos aprobados expresamente para esos fines por la Cámara de Diputados.
El antepryecto no genera un impacto presupuesario en los programas aprobados de las dependencias de la APF, maxime que no se autorizarán ampliaciones presupuestarias para el presente ejercicio fiscal.
