Bloomberg — El Gobierno de México se está preparando para tomar el control de una cantera y un puerto propiedad de Vulcan Materials Co. en el Caribe del país después de años de negociaciones que no lograron llegar a un acuerdo para comprar la propiedad, según personas familiarizadas con los planes.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador planea declarar el terreno al sur de la ciudad turística de Playa del Carmen, conocido como Calica, como área natural protegida, según las personas, que solicitaron el anonimato porque no se les permitía hablar públicamente. Esto impediría que la constructora estadounidense extraiga piedra caliza en el sitio que posee desde hace décadas.
El momento de un anuncio del Gobierno no está claro, pero planea seguir adelante a menos que se produzca un avance inesperado o una concesión por parte de la compañía con sede en Alabama durante las estancadas negociaciones en las que las dos partes han permanecido alejadas, dijo una de las personas.
La oficina de López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no respondieron preguntas sobre esta historia. Vulcan declinó hacer comentarios.
Preguntado sobre el caso Vulcan el miércoles 13 de marzo en su conferencia de prensa matutina, el presidente dijo que esperaba que se resolviera en los próximos días.
“Siempre buscamos negociación, acuerdo, diálogo, siempre, y eso es lo que se está haciendo en este caso”, dijo López Obrador. “Pero claro, cuando vemos que se quieren imponer sin tener razón porque se sienten muy poderosos, pues entonces no les queda otra que aplicar la ley”.
El año pasado, Vulcan buscó la protección de la administración Biden de lo que vio como la amenaza de una adquisición gubernamental de la propiedad de la Riviera Maya, diciendo que una oferta de compra de México infravaloraba profundamente los activos.
AMLO, como se conoce al presidente, ha alegado previamente daños ambientales y envió a la Marina a ocupar el territorio. El director ejecutivo de Vulcan defendió su historial ambiental y citó premios internacionales y sus esfuerzos de reforestación.
Una toma de posesión de la propiedad sería la última medida de AMLO contra las empresas mientras el líder nacionalista busca asegurar el poder del estado antes de que termine su mandato en octubre.
En diciembre, México tomó el control de las operaciones de una planta procesadora de hidrógeno propiedad del fabricante francés de gas industrial Air Liquide en el estado de Hidalgo. En abril pasado, AMLO anunció planes para comprar activos energéticos por valor de US$6.000 millones de Iberdrola SA después de que la empresa española enfrentara la hostilidad política de México que afectó sus permisos y suministro.
Un mes después, el Gobierno se apoderó de un tramo de línea ferroviaria propiedad del Grupo México del multimillonario Germán Larrea.
AMLO también ordenó la cancelación de proyectos en curso, incluidos un aeropuerto y una planta cervecera.
Vulcan ha estado en litigios y arbitrajes con México desde 2018 en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN, que luego fue reemplazado por el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá durante la administración Trump.
La compañía dijo anteriormente que las acciones del gobierno son ilegales y que agregaría las medidas más recientes a un caso de arbitraje en curso contra México.
Vulcan dijo en octubre pasado que se enteró a través de la prensa que AMLO tenía la intención de adquirir sus 2.400 hectáreas (5.930 acres) de terreno por US$360 millones. Pero la empresa dijo que sólo había recibido una “tasación inadecuada” de la propiedad, que incluye el puerto de Punta Venado y la cantera Sac Tun.
Lea más en Bloomberg.com
