AMLO declara Calica de la estadounidense Vulcan como área natural protegida

México finalizó los planes para tomar el control de un puerto y una cantera propiedad de Vulcan Materials, profundizando las tensiones días antes de que el presidente deje su cargo a Claudia Sheinbaum

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Bloomberg — El Gobierno de México finalizó los planes para tomar el control de un puerto y una cantera propiedad de Vulcan Materials Co. en la costa del Caribe profundizando las tensiones días antes de que el presidente de la nación deje el cargo.

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La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró área natural protegida los terrenos al sur de las ciudades turísticas de Cancún y Playa del Carmen, según la decisión publicada en el Diario Oficial de la Federación horas después de que legisladores estadounidenses trataran de disuadir tal medida.

La medida impide a la constructora con sede en Alabama extraer piedra caliza en un emplazamiento que lleva décadas desarrollando. Sus acciones cayeron un 1,2% hasta US$249,46 dólares en Nueva York el martes 24 de septiembre por la mañana.

"La expropiación de las tierras y el puerto propiedad de nuestra empresa es otra escalada y constituye una nueva violación de los compromisos de México en virtud de los acuerdos comerciales de América del Norte", dijo Vulcan en un comunicado. "Esta medida ilegal tendrá un efecto escalofriante y a largo plazo en las relaciones comerciales y de inversión entre EE.UU. y México".

La empresa dijo anteriormente que las acciones del gobierno de López Obrador son ilegales, y que añadiría las medidas más recientes a un caso de arbitraje en curso.

La expropiación de esta semana marca otra medida contra los intereses empresariales por parte de López Obrador, un nacionalista acérrimo que termina su único mandato de seis años este mes. Un nuevo Congreso juró su cargo el 1 de septiembre después de que las elecciones parlamentarias del 2 de junio dieran al partido del presidente amplias mayorías en ambas cámaras. Desde entonces ha aprobado una reforma judicial que ha suscitado las críticas de los inversores internacionales.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo el 1 de octubre, no ha hecho comentarios públicos sobre la cuestión de Vulcan desde su aplastante victoria. Pero hace un año dijo que esperaba que la empresa aceptara la oferta del gobierno de comprar el terreno.

Bloomberg News informó en julio que AMLO, como se conoce al presidente saliente, estaba avanzando hacia la designación de protección. El año pasado, Vulcan solicitó la intervención del gobierno de Biden contra lo que consideraba la amenaza de una toma de control gubernamental de la propiedad de la Riviera Maya. Dijo que una valoración de US$360 millones infravaloraba profundamente los activos.

El lunes 23, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses propuso una legislación para presionar a AMLO a dar marcha atrás en el plan de expropiación.

Vulcan mantiene un litigio con México desde 2018 en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN El pacto fue sustituido por el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (TMEC) durante la administración Trump.

AMLO había alegado previamente daños ambientales y enviado a los marinos mexicanos a ocupar el terreno. El director general de Vulcan defendió su historial medioambiental, citando premios internacionales y sus esfuerzos de reforestación.

Vulcan no es la única empresa extranjera que ha buscado recursos legales tras una intervención del gobierno de AMLO. En diciembre, México tomó el control de las operaciones de una planta procesadora de hidrógeno propiedad del fabricante francés de gases industriales Air Liquide. El año pasado, AMLO anunció planes para comprar activos energéticos por valor de 6.000 millones de dólares a Iberdrola SA, después de que la empresa española se enfrentara a la hostilidad política de México, que afectó a sus permisos y suministro.

AMLO también ordenó la cancelación de proyectos que incluían un aeropuerto y una planta cervecera durante su mandato.

El embajador de EE.UU. en México, Ken Salazar, ha advertido que las empresas pueden perder la confianza en México como destino de inversión como consecuencia de la reforma judicial impulsada por el Congreso este mes. El cambio elimina un control del poder gubernamental al hacer que los jueces federales sean elegidos democráticamente, incluso en la Suprema Corte.

--Con la colaboración de Maya Averbuch.

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Esta historia fue actualizada a las 13:59 con ajuste en el título