Ciudad de México — El presidente Andrés Manuel López Obrador concretó la propuesta de desaparecer a diversos órganos autónomos a través de una de las iniciativas presentadas este lunes en materia de simplificación orgánica dentro de su paquete de reformas constitucionales y legales.
La iniciativa contempla la modificación de 13 artículos de la Constitución para desaparecer siete órganos autónomos y desconcentrados: la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El documento plantea que las labores de estas entidades se transfieran a otras dependencias. En el caso de Cofece, sus funciones pasarían a la Secretaría de Economía, las del IFT a la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, las del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las de CRE y CNH a la Secretaría de Energía, Mejoredu a la Secretaría de Educación Pública, mientras las del Inai se repartirían entre la Secretaría de la Función Pública, las contralorías del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del Ejecutivo Federal.
Dentro de la exposición de motivos, se argumenta que es necesario replantear el funcionamiento de organismos que se crearon a lo largo de los años, a los que “se debía destinar muchos recursos del presupuesto” y que “en los hechos, duplican funciones y tareas del Ejecutivo Federal”.
También se menciona que de 2018 a 2024, los siete organismos materia de la iniciativa han recibido un presupuesto de MXN$32.313 millones, cifra que, se asegura, equivale a 5,4 millones de pensiones bimestrales para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
En uno de los artículos transitorios, la propuesta plantea que “las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos en materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar” que el mandatario propuso crear para mejorar las pensiones de los trabajadores.
Además, se asegura que el decreto no atenta contra lo establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Choque con autónomos
La propuesta de reforma reitera las críticas que el mandatario, conocido como AMLO, ha expresado en el pasado contra algunos de estos órganos, como que el Inai, la Cofece y el IFT han fallado en cumplir con su mandato.
El presidente ha tenido una relación ríspida con estas instituciones desde el inicio de su Gobierno, externando sus diferencias públicamente, con recortes presupuestales, el nombramiento de perfiles afines a su administración o demorando la designación de comisionados.
AMLO había adelantado sus intenciones de desaparecer a los autónomos desde finales del año pasado, pero es una idea que lo acompaña desde años previos. En 2021 dijo que buscaría extinguir a estos organismos y que sus funciones fueran absorbidas por dependencias existentes, pero desistió del proyecto meses más tarde.
Tras la publicación de las iniciativas, el PAN y el PRI, dos partidos de oposición, afirmaron que no permitirán el debilitamiento de instituciones que representan contrapesos al poder.
“Votaremos en contra de cualquier iniciativa que busque desaparecer los órganos autónomos, debilitar al Poder Judicial o desarticular el régimen democrático”, indicó el PRI en un posicionamiento compartido en redes sociales.
El Inai también compartió su postura en las plataformas sociales, donde aseguró que analizará detalladamente la iniciativa de reforma y las acciones a emprender, pero advirtió que sus funciones autónomas “no pueden ser absorbidas por ningún poder o ente público”.
Otra simplificación
Dentro del paquete de reformas hay otra iniciativa en materia de simplificación orgánica enfocada en eliminar, integrar o fusionar 16 unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y organismos públicos descentralizados para trasladar sus funciones a Secretarías de Estado.
En la lista figuran nombres como el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, cuya labor quedaría con la Secretaría del Bienestar o la propuesta para fusionar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
La iniciativa argumenta que mediante estos movimientos busca “eficientar recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”.
