Ciudad de México — La Suprema Corte de México invalidó en el último mes dos reformas constitucionales y un decreto que son claves para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto de nación, lo que ha sido interpretado por el mandatario como una afrenta del máximo tribunal en contra de su Gobierno que camina hacia la recta final de sexenio.
El 18 de abril la Corte invalidó, por violar la Constitución, la reforma que daba al Ejército el control de la Guardia Nacional, el 8 de mayo invalidó una parte de la reforma electoral conocida como Plan B, y el 18 de mayo declaró inconstitucional un acuerdo presidencial que consideró de seguridad nacional los proyectos y obras del Gobierno.
La reacción de AMLO, como se le conoce al presidente, ha ido escalando a medida que se han conocido los fallos de la Corte que, por primera vez, es encabezada por una mujer, la ministra presidenta Norma Piña.
Las resoluciones de la Corte han tensado la relación entre el Poder Ejecutivo liderado por López Obrador, y el Poder Judicial representado por la ministra Piña, al grado que el presidente ha planteado que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados y a los ministros.
AMLO acató el fallo de la Corte sobre la Guardia Nacional, pero criticó desde la mañanera a los ministros que rechazaron su propuesta. Después vino el revés de la reforma electoral y ante su desacuerdo planteó un Plan C electoral. Pero la invalidez del acuerdo relativo a las obras de su sexenio, detonaron una respuesta mayor.
Suprema Corte invalida por inconstitucional acuerdo de megaobras de AMLO
El 18 de mayo la Corte invalidó un acuerdo publicado por AMLO en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 22 de noviembre de 2021, el cual considera de “interés público y de seguridad nacional” los proyectos y obras del Gobierno. La mayoría de los ministros argumentó que este acuerdo es inconstitucional porque implica reservar información de sus obras prioritarias.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) interpuso en diciembre de 2021 una controversia constitucional para impugnar el acuerdo presidencial; el resultado fue la declaratoria de invalidez de dicho acuerdo, ya que la Corte concluyó que el acuerdo implicaba reservar información mediante un acto administrativo, y no por ley, contraviniendo la Constitución.
Además, el acuerdo afectaba la facultad del INAI de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, con lo que se restringía el derecho de acceso a la información en su dimensión colectiva.
AMLO responde a fallo de la Corte
La respuesta de AMLO fu inmediata. La tarde del 18 de mayo el presidente publicó en el DOF un decreto acotado al Tren Maya, al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y a los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, los cuales catalogó como de “seguridad nacional y de interés público”.
En línea con esa acción, López Obrador publicó la mañana de este 19 de mayo un nuevo decreto en el DOF que declara como “de utilidad pública y ocupación temporal” parte de una vía de Ferrosur, propiedad de Grupo México, del millonario Germán Larrea que busca comprar Banamex.
AMLO dedicó prácticamente toda su conferencia mañanera de este viernes 19 de mayo a cuestionar a la Corte, sus resoluciones y a la ministra presidenta Norma Piña.
Dijo que la idea de su proyecto de nación es conectar las antiguas ciudades mayas, comunicar el sureste y fomentar el turismo en esa región y negó que con el decreto busque ocultar información de las obras a la ciudadanía. Para el presidente el hecho de que se reserve una obra como de seguridad nacional no significa que no se va a informar.
“Tenemos que proteger estas obras porque estos insensatos, irresponsables, corruptos, además muy antipatriotas, pueden pararnos las obras, como ha sido su intención (…) tenemos que proteger y blindar estas obras de seguridad nacional y de interés público”, dijo en alusión a organizaciones que han tramitado amparos contra el Tren Maya por afectar el medio ambiente.
AMLO acusó al Poder Judicial y en particular a la Suprema Corte, de estar en su contra y en contra de su movimiento autodenominado cuarta transformación.
“(La Corte) obedece a los intereses del antiguo régimen, es un poder para proteger privilegios de una minoría, no para defender al pueblo (…) Imagínense los beneficios para la gente del sureste cancelados nada más por el capricho de estos fifís corruptos”
AMLO, presidente de México
Grupo México y el INAI reaccionan
Grupo México publicó un comunicado en el que expuso que las Fuerzas Armadas ocuparon las instalaciones de Ferrosur en el tramo Coatzacoalcos-Medias Aguas desde las 6:00 horas de este viernes 19 de mayo.
La empresa calificó de “sorpresiva e inusitada” la toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas.
En tanto, el INAI emitió un comunicado este viernes 19 de mayo en el que anunció que presentará ante la Suprema Corte un recurso de queja en contra del decreto de AMLO del 18 de mayo que declara de seguridad nacional y de interés público al Tren Maya, el Corredor Interoceánico y otras obras del sureste del país.
El Instituto advirtió que la publicación de ese decreto viola la suspensión otorgada por la Corte en la controversia constitucional que interpuso en diciembre de 2021.
Tras analizar el contenido del decreto, el INAI concluyó que está en los mismos términos del acuerdo de noviembre de 2021 y, en ese sentido, viola la suspensión otorgada por la Corte, lo cual podría representar una restricción al acceso a la información relacionada con esas obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum, entre otras.
El INAI, el organismo en México encargado de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, se encuentra inoperante actualmente.
El Pleno del INAI se integra por siete comisionados (uno de ellos presidente) designados por el Senado. Actualmente solo hay 4 comisionados en funciones, lo que le impide sesionar; para poder hacerlo se requiere que los senadores nombren al menos a un comisionado más, pero el presidente no ha enviado su propuesta y el Senado no ha hecho ningún nombramiento.
AMLO ha dicho varias veces durante su sexenio que no quiere dejar obras inconclusas, pero la urgencia de concluir los proyectos ha aumentado en los últimos meses y a menos de un año y medio de que termine su administración.
La urgencia es mayor para el Tren Maya, el cual tiene fecha de inauguración diciembre de 2023.
Para acelerar las obras, el presidente ha delegado a las Fuerzas Armadas la construcción de sus megaobras y recientemente ha dedicado los fines de semana a supervisar el avance del Tren Maya en los estados donde cruza este nuevo transporte.
“Tenemos que buscar de manera legal, porque yo tengo facultad y existe un Consejo de Seguridad Nacional que tiene la facultad para que se emita este decreto, no es ilegal. Pero sí estamos protegiendo”
AMLO, presidente de México
