Bloomberg Línea — En cadena nacional, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó el viernes por la noche la construcción inmediata de un Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) con capacidad para 20.000 privados de libertad en una zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, al oriente del país.
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El anuncio se enmarca en el Plan de Solución contra el Crimen, formulado tras una reunión de la mandataria con los miembros del Consejo de Seguridad, integrado por los tres poderes del Estado, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Las “acciones radicales”, que recuerdan a las tomadas por el vecino El Salvador, instruyen a Seguridad y Defensa, Fuerzas Armadas y PMOP para que ejecuten intervenciones con carácter de urgencia en los municipios del país identificados con mayor incidencia de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Tito Livio Moreno, indicó que los privados de libertad actualmente confinados en el sistema penitenciario nacional, procesados por los crímenes antes señalados, serán trasladados de forma inmediata al CRE.
Asimismo, las medidas incluyen iniciar en un plazo máximo de dos semanas el proceso de licitación, adjudicación y construcción de la cárcel para 2.000 reos de alta peligrosidad en el archipiélago Islas del Cisne.
El plan también ordena la captura inmediata de autores intelectuales identificados, líderes y miembros de maras, pandillas, estructuras criminales, narcotraficantes y extraditables.
Además de recuperar y establecer el control en los espacios físicos tomados por estructuras criminales en colonias y barrios en las zonas que representan mayor incidencia delincuencial.
Por otra parte, el Ejecutivo ha ordenado intensificar la investigación y los operativos para la destrucción de plantaciones de hoja de coca, marihuana y centros de procesamiento de drogas y sustancias prohibidas.
Acciones en el sistema judicial de Honduras
El Congreso Nacional reformará el Código Penal, para calificar como terroristas a las personas que pertenezcan a maras, pandillas y bandas del crimen organizado que cometan crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionado con estos delitos.
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El Legislativo también someterá a aprobación la Ley para el control de la venta de tarjetas SIM CARD, CHIP O ESIM y el bloqueo de las comunicaciones en los centros penitenciarios y la Ley de Colaboración Eficaz.
En ese sentido, el CN reformará el acuerdo 01-2016. del directorio del Banco Central de Honduras (BCH), reglamento para los Servicios de Pago y Transferencia Utilizando Dinero Electrónico, con el fin de controlar las transacciones atípicas propias del delito de extorsión y secuestro, que utilizan billeteras electrónicas.
Además, el Congreso Nacional buscará endurecer las penas por la comisión de delitos contra la vida y la integridad física de los operadores del Sistema de Seguridad y Justicia: policías y militares, jueces y fiscales.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designará el 17 de junio 2024 al número de jueces y demás personal que soliciten la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y PMOP para las operaciones de recuperación y control de las zonas de mayor incidencia de estos crímenes.
La presidenta Castro puso en marcha en diciembre de 2022 un estado de excepción, parcial, para luchar contra la criminalidad que, de acuerdo con la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), ha mostrado “escasos resultados y denuncias de violaciones a los derechos humanos”.
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