Bloomberg Línea — El Gobierno de Honduras aprobó la licencia de operación ambiental para la construcción de una cárcel de máxima seguridad con capacidad para 2.000 privados de libertad en el archipiélago de las Islas del Cisne, a 250 kilómetros de tierra firme del país centroamericano.
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La decisión, anunciada vía X por el secretario de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, se dio pese al rechazo de organizaciones defensoras y sectores de oposición, quienes califican la extensión de la licencia como una violación a normas y tratados internacionales aplicables a Honduras sobre la protección de lugares designados como patrimonios ambientales.
Debido a la fragilidad de los ecosistemas presentes en las islas y la relevancia de sus características naturales, el Estado de Honduras declaró el área como Parque Nacional Marino en 1991, pero nueve años más tarde, en 2002, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH) cambió la categoría a Reserva Marina, convirtiéndose en una de las 39 áreas protegidas prioritarias entre las 99 existentes en el país.
Medina dijo que la distancia geográfica de la isla dificultará “la operación de estructuras criminales, facilitando el control territorial y la seguridad estatal”. El funcionario agregó que los avances en la construcción de la prisión insular se dan en cumplimiento con la declaratoria de emergencia del sistema penitenciario en 2023, y como parte del Plan de Solución contra el Crimen, anunciado por la presidenta Xiomara Castro en junio pasado, que incluyó la orden para la construcción de otra megacárcel para 20.000 reos.
Tras la aprobación de la licencia ambiental de la cárcel en Islas del Cisne, seguirán “detalles del diseño final de estudios biológicos, de estudios marino costero y también de ampliación en datos científicos”, dijo Medina, a la vez de asegurar que el proyecto está desarrollándose de forma transparente y en cumplimiento con todas las normativas legales, técnicas y científicas, con el apoyo de al menos 40 profesionales.
La segunda fase de la obra estará enfocada en la infraestructura, incluyendo una granja solar para generar energía “sin afectar la vegetación local y plantas de tratamiento de aguas residuales”, según el gobierno.
Además, el Estado dijo que se creará un centro de monitoreo ambiental para garantizar las normativas ambientales, con la participación de varias instituciones gubernamentales y la municipalidad de Guanaja.
Críticas a la construcción de la prisión insular
En un comunicado, la Coalición Ambiental de Honduras (COAH) dijo que la aprobación de la licencia ambiental del centro penitenciario “pone en ridículo” al Estado hondureño ante la comunidad internacional, que apenas el 23 de mayo declaró a través del Poder Ejecutivo estado en emergencia ambiental.
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También, Honduras ostenta desde septiembre de 2023 la presidencia de la coalición de las naciones con bosques tropicales con una representación de 52 países miembros; a ello se suma que el país ha firmado y ratificado el Convenio de Diversidad Biológica, a través del cual adquiere compromisos para la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales; y que la presidenta Castro durante su discurso en la COP 28 en Dubái. dijo que su gobierno está protegiendo los bosques tropicales.
De acuerdo con el COAH, con el otorgamiento de la licencia ambiental, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente “ha violentado el debido proceso de seguimiento y aprobación del proyecto”, debido a que no se presentó el diseño estructural del proyecto, tampoco se aprobó en cabildo abierto en la municipalidad respectiva, ni se presentó el acta con firmas de los participantes en el punto de acta de la municipalidad.
A ello se suma que los estudios técnicos elaborados por el personal técnico in situ no fueron del conocimiento público y no se siguió el debido proceso establecido en el reglamento del Sistema Nacional de elaboración del Estudio del Impacto Ambiental, establecido en el decreto 104-93, con el propósito de salvaguardar los recursos naturales de Honduras para las futuras generaciones.
Mientras que el Partido Liberal también expresó su rechazo a “las implicaciones en materia de violación a los derechos de los encarcelados tal y como lo demuestran las experiencias de las cárceles del mismo tipo en islas Marías, en México y la isla Gorgona, en Colombia, que fueron cerradas por tales motivos”.
El instituto político y una de las fuerzas opositoras en el Congreso Nacional instó al Gobierno para que, “inmediatamente cese toda actividad relacionada con la construcción de la cárcel”, por las incongruencias técnicas, legales, financieras y sociales que hacen inviable la obra.
