Bloomberg Línea — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó este miércoles denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos, en rechazo a las declaraciones que dio la embajadora estadounidense Laura F. Dogu, sobre la visita de funcionarios y altos mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras a Venezuela.
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En X, la mandataria hondureña dijo que “la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su Embajada y otros representantes, es intolerable”.
Castro reaccionó horas después de que la diplomática estadounidense dijera a medios de comunicación en Tegucigalpa que “fue sorprendente” ver al secretario de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, y al Jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández Aguilar, “sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela”, refiriéndose al ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López.
Zelaya Rosales, sobrino del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009) y de la presidenta Castro, asistió con la cúpula de las FF.AA. de Honduras a la cuarta edición de los Juegos Mundiales de Cadetes del Consejo Internacional de Deportes Militares (CISM) que se celebraron en Venezuela.
Honduras ha sido uno de los pocos gobiernos de la región latinoamericana, junto con Bolivia, Cuba y Nicaragua, que felicitaron a Nicolás Maduro por su cuestionado triunfo en los comicios de julio.
Lucha contra el narcotráfico
Padrino López es uno de los varios funcionarios del régimen chavista que enfrenta acusaciones por parte de la justicia estadounidense, al señalarlo de narcoterrorismo, narcotráfico y tráfico de armas.
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Sobre ello, Dogu dijo que le extrañó el encuentro de autoridades de Honduras con el ministro de Defensa de Venezuela, cuando EE.UU. está “trabajando” con Castro en la lucha contra “la narcodictadura”.
La mandataria hondureña dijo que los representantes estadounidenses “agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional, que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta”.
Castro agregó que “con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales”, ordenó al canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos.
Estados Unidos y Honduras tienen un tratado de extradición que data de 1909, pero no fue hasta 2012 cuando se modificó la Constitución de la República de Honduras para que, por primera vez, los ciudadanos del país centroamericano pudieran ser extraditados, así como los extranjeros.
Una de las personas que hizo que esta reforma sucediera fue Juan Orlando Hernández, quien entonces era titular del Congreso Nacional. El 15 de febrero 2022, dos semanas después de concluir su mandato presidencial, fue arrestado y detenido por las autoridades hondureñas a petición de los EE.UU. Luego, los Estados Unidos presentaron una solicitud formal de extradición.
En junio de 2024, JOH recibió una condena de 45 años de prisión por delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Antes, un tribunal de Manhattan en Nueva York lo había declarado culpable en marzo de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer “dispositivos destructivos”, como ametralladoras.
Entre 2014 y 2024, el Estado de Honduras ha entregado a las autoridades estadounidenses en extradición a medio centenar de nacionales acusados por narcotráfico. Otra decena de solicitudes siguen pendientes.
Al respecto, el abogado hondureño Rafael Jerez dijo en X que las autoridades hondureñas “sin duda que buscan aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado de extradición que nada tiene que ver con el impasse político”.
El artículo XIV del tratado de extradición entre EE.UU. y Honduras señala que la comunicación de la intención de uno de los dos Estados de dar por terminado el tratado debe de darse con seis meses de anticipación.
