Bloomberg Línea — La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) informó este miércoles en conferencia de prensa sobre una estructura que defraudó al Estado de Guatemala por varios millones de quetzales.
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El caso B410 determinó la creación de 410 empresas con mismo representante legal guatemalteco y socio establecido en Belice, que operaban en direcciones inexistentes en la colonia Bamvi de la zona 7 capitalina. Además que las empresas no presentaban evidencia de infraestructura para el desarrollo de sus actividades, con alteración de documentos para registro ante la SAT y subdeclaraciones.
La investigación, que tomó nueve meses de ejecución y análisis, mostró que el 75% de estas compañías estaban constituidas por el mismo notario.
Luego de 32 auditorías realizadas, se demostró que la estructura facturó de 2021 a junio de 2024 más 6.400 millones de quetzales (US$826,6 millones), pero sólo pagó Q26,9 millones en impuestos, evadiendo más de 300 millones de quetzales (GTQ), equivalente a unos US$38,7 millones.
No obstante, el fraude fiscal podría sumar otros 800 millones de quetzales (US$103,3 millones), porque las investigaciones siguen en curso.
El superintendente de Administración Tributaria, Marco Livio Díaz, acompañado de los intendentes de Fiscalización, Atención al Contribuyente, Asuntos Jurídicos, Recaudación y Aduanas, informó que durante el procesamiento de los datos, se constató que entre 2021 y 2023, las ventas de esta estructura, según los registros Factura Electrónica en Línea (FEL), ascendieron a Q5.730 millones.
También, se identificó a 9 contribuyentes del B410 que le vendieron de forma directa al Estado de Guatemala, que según adjudicaciones en Guatecompras representan más de Q81 millones.
De igual manera, se confirmó que 16 contribuyentes le vendieron al Estado más de Q4.342 millones y que le adquirieron a esta estructura más de Q375 millones en bienes o servicios, tales como llantas, fletes, fresado en proyectos, subarrendamientos de excavadoras, logística para distribución de materiales, artículos de limpieza y otros, sin sustancia económica.
La SAT también identificó a dos contribuyentes de esta estructura que vendieron bienes o servicios a cinco constructoras proveedoras del Estado. Dentro de la investigación se determinó que dentro de los vínculos resalta el mismo firmante de cuentas, representantes legales, movimientos de cheques entre parientes cercanos, entre otros determinados a través de un relacionamiento financiero
La entidad estatal ya presentó las denuncias ante los entes competentes de justicia, además de brindar copias al Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y Procuraduría General de la Nación.
