Bloomberg Línea — La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, presentó este miércoles una solicitud de retiro de antejuicio contra el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo por supuestos actos de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI).
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En conferencia de prensa, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien señaló al presidente de la República Bernardo Arévalo de ser el principal responsable de fomentar la corrupción y la impunidad en Guatemala, dijo que “se presentó” a la Corte Suprema de Justicia la solicitud de “retiro de antejuicio” en contra del mandatario, recurso que puede llevar luego a quitarle la inmunidad penal otorgada a su cargo.
El funcionario del MP, a quien Estados Unidos y la Unión Europea ha sancionado por socavar la democracia y el Estado de derecho en Guatemala, dijo que la investigación, denominada Mecanismo de Corrupción MICIVI, reveló un mecanismo ilegal de pago, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
La investigación inició tras una denuncia, presentada el 16 de julio por Ricardo Méndez Ruiz Valdés, presidente de la Fundación Contra Terrorismo, en la que se puso de conocimiento hechos que refieren que el mandatario, en el ejercicio del cargo, “emitió una orden ilegal a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y, para dicho fin, autorizó pagos a contratistas del Estado, específicamente a constructores de obras contratados por el MICIVI”, leyó Curruchiche.
El caso en contra del mandatario tiene como origen el despido en mayo de Jazmín de la Vega, extitular del MICIVI. Los fiscales presentaron una grabación de una conversación, en la que Arévalo le notifica a la ahora exfuncionaria su destitución por no haber cumplido una orden de pagar a los contratistas.
El MP comparó la conversación con la llamada el audio que filtró en 2015 conjuntamente con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que demostró la participación del expresidente Otto Pérez Molina en el caso de corrupción “La Línea”, una sofisticada red de contrabando en las aduanas.
Un nuevo “disparate”
El caso expuesto por el MP sale a la luz una semana después que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) destapara uno de los mayores de fraude tributario más grande de los últimos años, cuyos hallazgos alcanzan a empresas vinculadas con el expresidente Alejandro Giammattei.
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El Gobierno de Guatemala dijo que los señalamientos de la FECI “no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo”. Además, en relación con la acción contra el presidente Arévalo “los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio”.
Curruchiche, el secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda, y la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, han emprendido una persecución judicial en contra de Arévalo desde que ganó las elecciones del 20 de agosto de 2023, para evitar que tomara posesión en enero pasado.
En redes sociales, usuarios hicieron énfasis en que cuando la periodista Jovanna García, de eP investiga, preguntó a Curruchiche, sobre si habrá consecuencias o persecución penal a exfuncionarios del gobierno anterior en donde fueron autorizadas las obras del MICIVI, el fiscal respondió que “hay otra fiscalía que puede estar haciendo esa investigación, nosotros únicamente nos centramos, en los hechos que fueron puestos en la denuncia, la posible participación del Presidente”.
Según la ley, el proceso de antejuicio contra el Presidente de la República deberá ser conocido por una comisión pesquisidora en el Congreso y luego pasar a votación en el pleno, donde la decisión de retirar o no el antejuicio se tomará con los votos de dos terceras partes de los 160 diputados.
