Bloomberg Línea — El Congreso de la República de Guatemala aprobó la madrugada de este miércoles el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, el cual asciende a 148.526 millones de quetzales (USDGTQ), cerca de US$18.857 millones, que representa un 7% más en comparación al vigente.
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Tras una sesión legislativa de 17 horas, 140 de los 160 diputados aprobaron un aumento presupuestario mayor a los 124.000 millones de quetzales (US$15.900 millones) del ejercicio fiscal 2024, tras su ampliación en mayo pasado.
En “el presupuesto más grande de la historia”, como lo califican distintos sectores, se destacan asignaciones para el Ministerio de Educación (Mineduc) de Q25.649 millones; el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Q15.199 millones; el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Q2.414 millones; y el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura Vivienda, Q9.929 millones.
Además, unos Q2.579 millones al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para el fortalecimiento de los programas sociales a favor de la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Entre estos, Q900 millones destinados a cubrir la tarifa social de la energía eléctrica.
Asimismo, más de Q2.592 millones al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y Ministerio de Gobernación (Mingob), con una asignación superior a los Q8.272 millones.
El Legislativo guatemalteco también aprobó el acuerdo 31-2024, que establece un presupuesto de Q1.464,6 millones (US$186 millones) para el funcionamiento del Congreso de la República en 2025.
Uno de los aspectos que ha causado controversia es el aumento significativo en los salarios de los diputados, quienes pasarán de ganar Q29.150 a Q46.700 mensuales, de US$3.701 a US$5.931, aproximadamente.
Críticas por aumento al déficit fiscal
En X, el mandatario guatemalteco destacó que se ha dado “un gran paso”, con la aprobación de “un presupuesto sólido, responsable y con claro foco en hacer que Guatemala salga adelante en importantes aspectos como educación, salud, desarrollo social, infraestructura, y muchos otros”.
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Sin embargo, para la Cámara de Comercio de Guatemala el presupuesto 2025 está “privilegiando gastos de funcionamiento irrelevantes, que no responden directamente a la solución de los problemas que aquejan a los guatemaltecos”.
Un criterio similar que compartió la Cámara de Industria de Guatemala, quien a través de un comunicado expresó su preocupación debido a que el presupuesto presenta un déficit fiscal con una proyección del 3,1%, lo que supondría “consecuencias críticas para el país en el mediano y largo plazo, deteriorando la posición del país a nivel macroeconómico, generando inflación e incrementando los costos de la canasta básica”.
Por su parte, el Movimiento Cívico Nacional coincidió en que el proyecto “tiene serias implicaciones para la transparencia y la rendición de cuentas en Guatemala”, además dijo que “aprobar este presupuesto sin los ajustes necesarios significa condenar al país a un manejo fiscal desordenado”.
La Consulta del Artículo IV de 2024 que el Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo en agosto señalaba que “podría justificarse” un aumento temporal del déficit fiscal (hasta el 3% del PIB) para hacer frente a las graves carencias de inversión en infraestructuras y capital humano que ya están mermando el crecimiento económico. Además, que un déficit temporal del 3% sería coherente con la sostenibilidad de la deuda a medio plazo.
El Banco de Guatemala (Banguat) espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto llegue a 3,7%, a tono con las estimaciones del FMI (3,6%). En cuanto al ritmo inflacionario, estima que el indicador podría situarse en 3,75% para finales de año.
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