Bloomberg Línea — Consuelo Porras, la fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala desde mayo de 2018, vuelve a acaparar titulares en su país luego de prácticamente adelantársele al presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, al invitarlo a su despacho el jueves 21 de noviembre cuando el domingo, en cadena nacional, el mandatario anunció que la citaría “de forma urgente”.
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La funcionaria de 71 años es una figura controvertida de Guatemala, debido a su manejo en las investigaciones por casos de corrupción y, ahora, por su relación con el gobierno actual.
Alrededor de 42 países han emitido sanciones individuales o colectivas contra la Fiscal General por corrupción e intentos de subvertir la democracia y el estado de derecho.
Estos incluyen los 27 estados que conforman la Unión Europea y los gobiernos de Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Montenegro, República de Moldavia, Serbia, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos, según un informe del Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de Stanford.
Porras, quien también ha sido magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, fue nombrada en 2018 fiscal general para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales y, en 2022, su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un segundo periodo, que culmina en 2026.
El estudio que el Rule of Law Impact Lab publicó en octubre indica que la legislación guatemalteca no prevé un mecanismo independiente e imparcial para exigir responsabilidades a un Fiscal General, como exige el derecho internacional.
El único medio para exigir es su destitución mediante una condena penal firme por un delito intencionado cometido durante su mandato. Cualquier investigación penal contra el/la Fiscal General tendría que ser iniciada por el Ministerio Público, que ella dirige y, o bien por personal jerárquicamente inferior a Porras, o bien por un “fiscal especial” externo que es nombrado y puede ser destituido por ella.
“La estructura jerárquica del Ministerio Público hace prácticamente imposible exigir responsabilidades a la Fiscalía General por mala conducta”, señala el análisis.
No acatar órdenes del MP
Arévalo de León dijo en la cadena nacional del 17 de noviembre que la fuerza pública no acatará las órdenes “ilegales” de un Ministerio Público (MP) “criminalizador y arbitrario”, tras el allanamiento horas antes de la vivienda del exministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Félix Alvarado, quién renunció al cargo la semana pasada quedando así sin inmunidad.
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Alvarado dejó su cargo el viernes 15 de noviembre luego de seis meses. Su renuncia se debió, principalmente, a la falta de acuerdos con Arévalo con respecto al camino que debía tomar el ministerio.
El allanamiento a su propiedad se sumó a más de una docena de procedimientos judiciales que el MP ha iniciado desde 2023 en contra del partido oficialista Movimiento Semilla y sus miembros luego de que ganaran las elecciones del año pasado. “Hoy nuevamente somos testigos de una acción espuria más del Ministerio Público”, refirió el gobernante en la cadena nacional.
El titular del Ejecutivo agregó que citaría a Porras para que explicara su participación en la crisis del sistema de justicia, luego de que organismos internacionales como la OEA y la ONU rindieran informes sobre acoso, amenazas y criminalización de parte de la Fiscalía contra operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso en procesos de elección de magistrados de las cortes.
Al día siguiente, la Fiscalía General respondió en un comunicado que las declaraciones del presidente “constituyen un intento de vulnerar la autonomía e independencia que la Constitución y la legislación guatemalteca otorga al Ministerio Público (MP, Fiscalía) y al Organismo Judicial”.
Mientras que el martes 19 de noviembre, Porras envió un oficio a la Presidencia de la República a efecto de invitar a Arévalo a reunirse el 21 de noviembre a las 9:00 en el edificio de la institución ubicada en el barrio Gerona, zona 1 capitalina, para abordar temas relacionados a lo manifestado en su conferencia de prensa.
El Ejecutivo dijo que sigue consolidando la citación que hará a Porras para que esta consolide todos los argumentos legales y evite “que nuevamente se haga uso malicioso de la ley, y con ello evadir la asistencia y participación de la fiscal general con base a la Ley Orgánica del Ministerio Público”, reportó eP Investiga.
Además, a través de su Secretaría Privada, el mandatario confirmó ayer que recibió la solicitud de reunión del Ministerio Público, pero hasta ahora no se ha pronunciado sobre si el gobernante rechazará o aceptará asistir al encuentro para el cual fue convocado por la fiscal general.
