El detrás de la marca de café Bean of Fire que lanzó Nayib Bukele en El Salvador

Una investigación de Redacción Regional y FOCOS revela las adquisiciones de tierras del presidente salvadoreño para su proyecto personal.

El detrás de la marca de café Bean of Fire que lanzó Nayib Bukele.
21 de septiembre, 2024 | 05:00 AM

Bloomberg Línea — El presidente salvadoreño Nayib Bukele anunció en julio el lanzamiento de una marca de café de alta gama llamada Bean of Fire, dirigida al mercado estadounidense.

A pesar de asegurar que el proyecto “no tiene nada que ver con la política”, el pasatiempo del mandatario se ha difundido en las cuentas de redes sociales de oficinas estatales, como la Secretaría de Prensa.

En un anuncio posterior en sus redes sociales, Bukele dijo la compañía estaría donando “en carácter personal y no del gobierno” 200 libras de café, algo de azúcar y 8.000 tazas de café a un negocio diferente de El Salvador todos los días.

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Luego, en agosto, Bean of Fire abrió su primera boutique en el segundo nivel del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero. La tienda opera las 24 horas, los siete días a la semana y está disponible para viajeros nacionales y extranjeros que transitan por la terminal aérea.

En su apertura trascendió que el local ofrece variedades como red bourbon o café gourmet como el etíope, de la Hacienda Dorada, ubicada en Santa Ana, zona occidental del país.

Sin embargo, la poca información sobre la marca y cómo opera en los Estados Unidos, ha hecho que el “emprendimiento” del jefe de Estado en funciones represente un conflicto de intereses.

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Los terrenos donde se cultiva Bean of Fire

Una investigación realizada por Redacción Regional y FOCOS sacó a la luz cómo el presidente Bukele y su círculo cercano han acumulado una significativa cantidad de tierras durante su primer mandato.

Desde que asumió su primer mandato en junio de 2019, Bukele y su familia han adquirido 363 hectáreas de tierra, lo que representa el 92% de sus propiedades actuales, dice la investigación publicada el 19 de septiembre.

En 2023, a través de diversas empresas, el mandatario salvadoreño y su entorno compraron propiedades en áreas estratégicas, incluyendo terrenos a orillas del lago Coatepeque, a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Ana, una finca con cultivos de azúcar y tierras donde se cultiva Bean of Fire.

Estas adquisiciones han sido realizadas por su esposa, la primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele; su madre, Olga Ortez de Bukele, y sus hermanos Karim, Ibrajim y Yusef, quienes han comprado 16 propiedades en zonas exclusivas, valoradas en aproximadamente US$9,2 millones.

La investigación firmada por el periodista Jaime Quintanilla también destaca que la Corte Suprema de Justicia ha clasificado bajo reserva las declaraciones de patrimonio del presidente, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y el uso de recursos públicos.

En reiteradas ocasiones, Bukele ha sido cuestionado por su estilo autoritario y por la concentración de poder en su figura. La portada de la revista Time del 16 de septiembre le llamó “el autoritario más popular del mundo”.

Ahora, la adquisición de tierras por parte de su familia se suma a las preocupaciones sobre el uso de recursos y la opacidad que existe en las decisiones gubernamentales.

“Valerse de la función pública para aumentar tu patrimonio, el de tu familia y el de tus cheros (amigos), es corrupción. Valerse de la función pública para promocionar un ‘negocio’ personal, es corrupción. No hay donde perderse”, dijo en X el salvadoreño Antonio Salazar en reacción al reportaje.

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Un día después de la publicación del artículo, Bukele no había hecho mención del tema. En tanto, el Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que en los últimos días al menos 19 cuentas de periodistas han sido bloqueadas por parte de cuentas gubernamentales y de funcionarios del gobierno.

Los reporteros pertenecen a medios de comunicación independientes, prensa escrita, medios digitales y radios comunitarias. Para la APES esa acción representa una grave restricción al ejercicio periodístico y un retroceso en materia de libertad de expresión en el país, pues el Gobierno utiliza estas cuentas para compartir información oficial.

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