Bloomberg Línea — Nayib Bukele, de 42 años, inicia este 1 de junio de 2024 su segundo mandato consecutivo como presidente de El Salvador en la cima de su popularidad y con una inclinación al autoritarismo.
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El actual presidente salvadoreño ganó la reelección en febrero de 2024 con un aplastante 85% de los votos, un triunfo que, pese a las prohibiciones en la Constitución de la República, se suma al control casi total de la Asamblea Legislativa y del resto de instituciones del Estado.
El mandatario prestará juramento en una ceremonia prevista para las 08:00 hora local en el Palacio Nacional, en el centro histórico de San Salvador, con la asistencia de sus homólogos Javier Milei, de Argentina; Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay; Rodrigo Chaves, de Costa Rica; Xiomara Castro, de Honduras; además del rey Felipe VI, de España; y otras delegaciones internacionales.
Gran parte de la popularidad de Bukele se basa en hacer de su país el primero en adoptar el bitcoin (XBT) como moneda de curso legal, pero principalmente en el éxito de su estrategia de seguridad, bajo la cual el gobierno contabilizó más de 627 días no consecutivos sin muertes violentas en este quinquenio.
Bajo el régimen de excepción, las autoridades han suspendido las libertades civiles para arrestar a más de 80.000 salvadoreños a quienes se les señala de ser miembros de pandillas. Esta medida, vigente desde marzo de 2022, no ha estado exenta de críticas, principalmente de organizaciones defensoras de derechos.
La proyección del Banco Central de Reserva (BCR) es que la economía salvadoreña podría cerrar 2024 con un crecimiento entre 3 y 3,5%. En ese escenario, estos son los desafíos que Bukele enfrentará en el nuevo quinquenio:
Reactivación económica
“El crecimiento de la economía salvadoreña para 2023 fue de 3,5%, que según el BCR, marcó el tercer año consecutivo con tasas de crecimiento superiores al promedio de los últimos 30 años, que fue de 2,1%.
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Sin embargo, de acuerdo con un sondeo de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudip) de la Universidad Centroamericana (UCA), casi 70 de cada 100 salvadoreños opinaron que problemas como la economía (32,8%), el desempleo (17,3%), el alto costo de la vida (10,5%), la pobreza (6,6%) y el alto costo de los alimentos (2,7%) constituían el principal problema del país.
También el Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) de la Fundación Doctor Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), reveló que tres de cada cuatro personas (75,1%) consideran que la economía es el problema más grave que enfrenta el país en la actualidad.
Para la economista salvadoreña Saira Barrera, quien intervino en el II Foro de Derechos Humanos “Manuel Escalante”, dijo que la intranquilidad económica “que siempre ha estado allí, ahora es más evidente”, con el salario mínimo perdiendo poder de compra, puesto que el ajuste de 20% en 2021 se agotó con la inflación.
Según el Banco Mundial, 1,8 millones de salvadoreños (28,6%) todavía viven en condiciones de pobreza, sin acceso a las necesidades básicas de alimentación.
En un panorama más optimista, Cathie Wood, fundadora y directora ejecutiva de Ark Invest, dijo que El Salvador tiene el potencial de multiplicar por 10% su PIB en los próximos cinco años, por “la determinación del presidente Bukele de transformar al país en un oasis para la comunidad bitcoin e inteligencia artificial, dos de las revoluciones económicas y tecnológicas más importantes de la historia”.
Derechos Humanos
La reciente encuesta del Iudop de la UCA indica que el apoyo público al régimen de excepción sigue siendo alto. Cerca del 79,4% de los encuestados cree que el gobierno protege a los salvadoreños, un aumento significativo con respecto al 48% cuando la medida llevaba seis meses en vigor.
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Además, el 87,3% de los encuestados se siente más seguro bajo el régimen, en comparación con el 76,2% después del primer mes de su implementación.
A pesar de reportes de reducción en la tasa de homicidios, organizaciones de derechos humanos han expresado profunda preocupación por las violaciones cometidas, incluyendo desapariciones forzadas y abusos sistemáticos, dirigidos especialmente hacia comunidades marginadas, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA.
Aunque el actual gobierno defiende la medida, las críticas por la falta de garantías judiciales, las detenciones arbitrarias masivas, especialmente contra jóvenes de comunidades pobres, y el trato inhumano en los centros de detención persisten, denuncian organizaciones.
Transparencia y rendición de cuentas
La asociación sin fines de lucro Acción Ciudadana dijo que hay un significativo retroceso en transparencia activa y rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado.
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El análisis surgió en seguimiento a la contraloría que realiza al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), para el que se evaluaron 38 instituciones, entre las cuales están ministerios, autónomas, entes de control y órganos fundamentales.
De los entes evaluados, 25 reportaron un nivel bajo de cumplimiento, 12 un nivel medio y solo uno reporta alto nivel de cumplimiento. Las áreas de información que reflejan bajo cumplimiento son información financiera y gestión estratégica, es decir, la información relacionada con el uso de fondos públicos es de las que menos se publica.
Debido a la disminución de cumplimiento de la LAIP, Acción Ciudadana mantiene la bandera roja por los riesgos derivados del bajo cumplimiento de publicación de información oficiosa, pues posibilita que se oculte información relevante que muestre el uso indebido de fondos públicos.
Deuda pública
La deuda pública total de El Salvador alcanzó US$30.173,2 millones en la primera administración presidencial de Bukele, muestran los datos del BCR a marzo de 2024.
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Esta suma cubre el 84,4% del PIB, que al pasado mes de marzo era de US$35.736,7 millones.
Efectos del cambio climático
Las proyecciones climáticas para El Salvador indican que la temperatura media continuará aumentando, mientras que las precipitaciones se reducirán y se volverán menos predecibles.
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Según el CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe) en su Reporte de Economía y Desarrollo, “Desafíos globales, soluciones regionales: América Latina y el Caribe frente a la crisis climática y de biodiversidad”, esto tendrá un impacto significativo en el sector agropecuario, especialmente en el corredor seco, donde la agricultura depende en gran medida de las lluvias.
Por otro lado, las emisiones de gases de efecto invernadero de El Salvador, tanto por habitante, como en relación con el producto bruto, son inferiores a los promedios regional y mundial.
