Bloomberg Línea — Mientras el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebraba que el 3 de septiembre no hubo registro homicidios, asegurando que su país es el “más seguro del hemisferio occidental”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicaba un informe que habla de los abusos sistemáticos de su Gobierno en el contexto de la denominada lucha contra las pandillas.
Aunque la política de seguridad de Bukele, basada en un régimen de excepción que se ha prorrogado en 30 ocasiones desde marzo de 2022 es un modelo a seguir para mandatarios como Javier Milei en Argentina, lo cierto es que el informe de la CIDH expone un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos y solicita al Gobierno una reparación integral para las víctimas.
Desde el régimen de excepción que suspendió algunas garantías constitucionales a los salvadoreños, 73.000 personas fueron detenidas, según las cifras de la CIDH, y un sinnúmero de ellos denunció violaciones a sus derechos perpetradas por las fuerzas de seguridad.
“Incluyen detenciones ilegales, arbitrarias, sistemáticas y generalizadas, el allanamiento ilegal de moradas, abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes”, documentó la CIDH.
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Entre los patrones identificados en las detenciones ejecutadas por las autoridades salvadoreñas sobresale la ausencia de órdenes judiciales para la privación de la libertad de los supuestos pandilleros, así como la ausencia de flagrancia. Pero también el “uso de criterios discriminatorios” para justificar los arrestos, entre ellos, la condición socioeconómica y los antecedentes criminales.
Con base en la información recopilada por organizaciones de la sociedad civil, la CIDH mostró en su informe que sobre todo en los primeros meses del régimen de excepción, hubo “desaparición forzada de personas”, debido a la falta de información para las familias sobre sus allegados privados de la libertad.
“Este contexto habría llevado a las familias de las personas capturadas a movilizarse entre diferentes instituciones y a aglomerarse por días o semanas alrededor de los centros penales con el objetivo de confirmar el paradero de sus familiares detenidos, su condición de salud y proveerles los insumos alimenticios y de vestuario exigidos por las autoridades”, reseñó el informe.
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Los testimonios recopilados por la CIDH además dan cuenta de violencia sexual en los centros penales, en los que eran hombres quienes inspeccionaban a las mujeres detenidas, por ejemplo.
Una de las detenidas relató: “Los policías nos dijeron que nos iban a meter unos cuantos ‘bichos’ para que nos calentaran y nos violaran”.
La misma mujer entrevistada por la CIDH agregó: “También vi abortos por falta de asistencia médica. En la celda en la que estábamos se le reventó el apéndice, la sacaron al hospital, pero cuando le hicieron la cirugía no se dieron cuenta que llevaba cuatro meses de embarazo. La volvieron a sacar por complicaciones, se dieron cuenta de su embarazo y le tuvieron que hacer un legrado”.
Otra persona liberada bajo medidas sustitutivas relató la tortura de la que eran víctimas quienes estaban privados de la libertad, incluso cuando necesitaban la prestación de servicios en salud.
“Algunos compañeros se murieron en Mariona, en el sector 6. Uno gritó: ‘Emergencia’ y era un muchacho que se convulsionaba. El custodio, cuando llegaba, les pegaba con la punta de la bota en las costillas y, si todavía respirabas, te dejaban en la celda”, dijo una persona a la CIDH.
“Elaborar un plan de reparación integral”, recomienda la CIDH
Entre las recomendaciones de la CIDH a El Salvador destacan poner fin al régimen de excepción y trabajar en la construcción de una política pública de seguridad ciudadana, además de “elaborar registro que individualice las víctimas de las violaciones a los derechos humanos” y un “plan de reparación integral”.
Acerca del plan, la comisión ahondó que deberá ser realizado considerando la perspectiva de género y la interseccionalidad de otros factores de vulnerabilidad y discriminación.
“Ante las denuncias (...), la CIDH considera necesario identificar las circunstancias que generaron ese cuadro de presuntas violaciones, las posibles responsabilidades institucionales e individuales. También las víctimas y los daños sufridos a fin de brindarles una reparación integral y adoptar las garantías para su no repetición”, sugirió la comisión.
