Este 14 de junio, la Asamblea Nacional negó el pedido de enjuiciar penalmente a Verónica Abad por el delito de concusión en el caso ‘Nene’.
Para que Abad fuera sometida a un juicio penal era necesario contar con 92 votos en la Asamblea Nacional. Sin embargo, lejos de ello, hubo 75 votos para negar el enjuiciamiento de la vicepresidenta de Ecuador, solicitado por la jueza Daniella Camacho.
Los 75 votos para negar el juicio contra Abad provinieron de las bancadas de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano (PSC).
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Previo a la votación para negar el enjuiciamiento de la vicepresidenta de Ecuador, se votó por la moción del asambleísta Leonardo Berrezueta, que contemplaba que la justicia siguiera adelantando el proceso por concusión. Sin embargo, tuvo solo 41 sufragios a favor, mucho menos de los 92 que eran necesarios.
Tras la votación, el Pleno de la Asamblea Nacional hizo alusión a la reserva sobre el expediente contra Verónica Abad, razón por la cual los parlamentarios no pudieron revisar los documentos enviados por la Corte Nacional de Justicia antes de sufragar; lo hizo a través de un documento publicado en sus redes sociales oficiales.
En la misiva se lee que, “al no contar con la información suficiente y no fundamentada como exige la Constitución, que permita dilucidar la pertinencia de la solicitud enviada”, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió negar la solicitud de enjuiciamiento contra la vicepresidenta de Ecuador.
Más allá de que Verónica Abad se haya salvado de ir a juicio mientras sigue desempeñando su cargo, deberá comparecer por concusión una vez termine su periodo como vicepresidenta, dado que la Constitución de la República establece que este no es un delito que prescriba.
El caso ‘Nene’ en el que se relaciona a la vicepresidenta de Ecuador
El caso ‘Nene’, por el que la jueza Daniella Camacho solicitó el enjuiciamiento de Verónica Abad, comenzó con una investigación de la Fiscalía por presunto tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República. No obstante, tras su paso a la Corte Nacional de Justicia, el pasado 10 de junio, cambió a concusión.
Todo empezó con la denuncia de Rommel Esteban P, quien indicó que Verónica Abad le ofreció el cargo de community manager y estar al frente de la estrategia de comunicaciones de la Vicepresidencia poco antes de posesionarse en su cargo, es decir, en octubre de 2023. Pero la oferta, de acuerdo con el abogado del denunciante, implicaba que en un principio trabajara gratis y luego “hablara con los operadores para conocer las condiciones laborales”.
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Ya en diciembre de 2023, es decir, dos meses después estar trabajando con la vicepresidenta, el denunciante asegura que fue citado para encontrarse en un hotel del norte de Quito y establecer las condiciones contractuales.
Rommel Esteban P asegura que al alojamiento acudieron el hijo de Verónica Abad, Sebastián Barreiro, y un asesor de ella, Daniel R, quienes supuestamente le ofrecieron mantener el cargo que había estado desempeñando a cambio de coima: USD$2.000 dólares mensuales del que sería su sueldo, USD$3.200.
El hijo de la vicepresidenta y su asesor habrían hecho firmar una letra a Rommel Esteban P para comprometerlo con el pago de la coima ese diciembre. Lo cierto es que los hechos se hicieron públicos solo hasta 21 de marzo de 2024, con la detención de Sebastián Barreiro, que permaneció preso en la Cárcel de La Roca en Guayaquil hasta el 16 de abril, cuando fue dejado en libertad debido al pago de USD$20.000 de caución.
