Tribunal de Ecuador ordena destitución a miembros del CPCCS afines al correísmo: ¿qué sigue?

Bloomberg Línea — El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador dispuso, en primera instancia, la destitución de dos consejeros principales y dos suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por cometer una infracción electoral “muy grave”.

Los consejeros son Augusto Verduga y Yadira Saltos, y los suplentes, Vielka Párraga y Eduardo Franco Loor. Este grupo, también conocido como la “Liga Azul”, fue denunciado por haber realizado proselitismo político durante la campaña electoral de 2023 con distintivos del movimiento político de la Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa.

Los miembros del CPCCS son elegidos por voto popular, pero al tratarse de una entidad de control, no pueden tener afliación política a ningún partido ni organización. Entre las funciones de este organismo se encuentran la designación de autoridades clave como el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el presidente del Consejo de la Judicatura y jueces de la Corte Constitucional.

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Videos, publicaciones en redes sociales y spots publicitarios con los colores del partido del expresidente y frases alusivas a su administración fueron parte de las pruebas que el TCE aceptó para emitir su sentencia que interpone una sanción de 70 salarios básicos unificados (el salario es US$460 en 2024), destitución de sus cargos y la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años.

Una primera denuncia sobre las personas implicadas en este caso fue presentada en 24 de junio de 2024 por Pamela Troya y Santiago Becdach, excandidatos al Cpccs, por haber realizado actos de proselitismo político prohibidos por la ley. Posteriormente, el 5 de julio de 2024, la abogada Mónica Jaramillo, parte del Observatorio de Control Ciudadano también puso una denuncia por grave infracción por la misma causa.

Los denunciantes celebraron la decisión del TCE que se conoció la noche de este martes 3 de septiembre. Troya escribió en su cuenta de X: “Ganó la democracia y la exigibilidad del cumplimiento de las leyes y la normativa en los procesos electorales”.

Al ser una sentencia en primera instancia, los implicados pueden apelar a la decisión del TCE. Si así lo hacen y una vez admitidos estos recursos, el Pleno del Tribunal tiene 10 días para resolverlos, explicó el Observatorio de Control Ciudadano. Jaramillo espera que la sentencia en firme esté lista a finales de este mes para que los implicados abandonen su cargo. “Nos mantendremos vigilantes e informándoles sobre el desarrollo de esta causa”, publicó en su cuenta de X.

Primeras reacciones

Este miércoles, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continuó con su agenda ordinaria e instaló su sesión número 036 alrededor de las 11:00 a.m. El presidente de la entidad, Andrés Falconí, manifestó que están a la espera de las resoluciones oficiales de las partes encargadas y que acatarán las decisiones del TCE sobre cualquier consejero.

El medio Ecuavisa reportó que Augusto Verduga participó en la sesión de manera virtual y Yadira Saltos llegó más tarde de la hora citada para la reunión. Ambos consejeros han adelantado su intensión de apelar al TCE.

El expresidente Correa tampoco ha tardado en reaccionar a la sentencia de primera instancia. “Yo puedo pedir el voto por quien me de la gana. Es mi DERECHO y, por último, la responsabilidad es solo mía”, publicó en su cuenta de X.

Más allá de su actuar en la campaña electoral en 2023, los denunciados han dado claras señales de su afinidad con el expresidente y su partido. Verduga, por ejemplo, sonaba entre los posibles candidatos de la Revolución Ciudadana para las elecciones presidenciales de 2025, mientras que Eduardo Franco Loor, ahora suplente en el CPCCS, fue abogado del exvicepresidente Jorge Glas y fue uno de los veedores electorales aceptados por el dictador Nicolás Maduro en las últimas elecciones de julio.