Sentencia de la Corte Constitucional que ordenó pago de US$22 millones no podía incumplirse: Ministerio de Finanzas

La entidad pagó el monto señalado con Bonos del Estado ante la falta de liquidez en la caja fiscal

El caso es ahora investigado por la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y la Asamblea Nacional.
16 de mayo, 2024 | 05:48 PM

Bloomberg Línea — El Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador (MEF) enfrenta el gran desafío de recuperar US$22 millones en bonos del Estado que fueron pagados como parte de un litigio por posesión tierras iniciado por una familia de la Costa ecuatoriana.

El caso inició en marzo de 2021 cuando los hermanos Bucaram Aivas presentaron un recurso de habeas data en contra del Ministerio de Agricultura (MAG) para obtener la titularidad de unas tierras en la Isla Palo Santo, en la provincia del Guayas. Estas tierras ya habían sido expropiadas por el extinto Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) en 1985.

Sin embargo, en julio de 2021, una corte local Los Ríos, una provincia diferente a la que se encontraban los terrenos, dispuso entregarlos los demandantes. Además se suspendieron las concesiones a empresas camaroneras de la zona, y se obligó al Ministerio de Agricultura a indemnizar a la familia con US$ 22 millones.

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La noticia llegó al MEF en septiembre de 2023, cuando el Ministerio de Agricultura le solicitó la asignación de recursos para cumplir con la sentencia judicial.

“Esta sentencia judicial no podía ser incumplida por el Estado porque la misma se encontraba ejecutoriada y conforme la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el ‘Recurso Extraodinario de Protección’ no suspende la ejecución de la sentencia recurrida”, explica el ministerio en un comunicado difundido este 16 de mayo de 2024.

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La entidad agrega que “frente a la falta de liquidez de la caja fiscal, se procedió a entregar bonos del Estado a los beneficiarios” por el monto señalado en la sentencia. El MEF también aclara que el incumplimiento de sentencias inconstitucionales puede traer multas diarias y la destitución de autoridades.

El pago se realizó en diciembre de 2023 y se conoce que esos bonos ya fueron vendidos en el mercado de valores.

¿Por qué el Ministerio de Finanzas debe recuperar esos bonos?

Tras la decisión de la corte local, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio de Agricultura y las empresas camaroneras afectadas interpusieron acciones de protección en 2022 ante la Corte Constitucional (CC) y el 18 de abril de 2024, la CC anuló la primera sentencia emitida localmente y dispuso al Ministerio de Finanzas que recupere los US$ 22 millones.

Desde entonces el MEF indica que ha coordinado las acciones con el Ministerio de Agricultura para la recuperación de los valores y también con el Banco Central del Ecuador para que bloquee temporalmente cualquier transacción de esos títulos valores entregados en dación de pago, hasta que se resuelvan los recursos de aclaración que han presentado la Procuraduría General del Estado y el MAG.

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El MEF afirma que cumplirá con lo que dictamine la CC con el fin de que el Estado no sea perjudicado por decisiones judiciales que han sido dejadas sin efecto y que deben ser sancionadas.

El caso actualmente está en investigación en la Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura y Asamblea Nacional.

¿Cómo ha reaccionado el mercado de valores?

La decisión del Banco Central del Ecuador de bloquear temporalmente el Depósito Centralizado de Valores (DCV), que custodia esos bonos, ha causado incertidumbre en el mercado de valores interno del Ecuador.

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César Robalino, gerente general del la Bolsa de Valores de Quito, dijo a Bloomberg Línea, que esta decisión “afecta a terceros, y a la imagen y transparencia de los procesos de negociación de títulos en el mercado de valores”.

A su criterio, el BCE debería notificar a la Corte Constitucional que los hermanos Bucaram Aivas ya no son los tenedores de esos bonos y este a su vez, debe levantar el bloqueo temporal de los bonos pues los titulares actuales son “terceros de buena fe”.

Desde que se conoció la noticia, el movimiento de los títulos del sector público, transaccionados en el mercado secundario “no ha estado en los volúmenes normales de negociación”, comentó Robalino, debido a la preocupación de los inversionistas sobre qué podría pasar con futuras operaciones.

*Se agregaron comentarios del gerente general de la Bolsa de Valores de Quito.

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