Bloomberg Línea — En las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, los ecuatorianos tuvieron la posibilidad de votar dos consultas populares: la primera, a nivel nacional, que preguntaba sobre la prohibición de la extracción de petróleo en el bloque 43-ITT, en el Parque Nacional Yasuní; y la segunda, a nivel regional, para prohibir la minería metálica en el Chocó Andino.
Ambas consultas tuvieron una aprobación mayoritaria de parte de los ciudadanos, por lo que el gobierno deberá realizar las acciones respectivas para detener la extracción petrolera en Yasuní y las concesiones mineras en la Mancomunidad del Chocó Andino.
Pero, para el mercado, la aprobación de ambas consultas socava las “expectativas futuras de generación de ingresos en los sectores petrolero y minero”, según un informe de la calificadora Moody’s.
Así mismo, se explicó que las consultas representan “riesgos negativos de crédito para Ecuador”, impactando en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la inversión y los ingresos para el gobierno central, entendiendo que Ecuador depende en una gran parte de los recursos petroleros.
Esta proyección de Moody’s está apoyada también en las previsiones del Banco Central de Ecuador, que dijo recientemente que la restricción al petróleo y la minería metálica en estas regiones reducirá el crecimiento económico en 1,9% desde el presente y hasta el 2026.
Con la aprobación de la consulta de Yasuní, por ejemplo, “las condiciones fiscales del país podrían contraerse todavía más. El actual ministro de Energía, Fernando Santos, advirtió el 20 de junio que Ecuador perdería US$1.200 millones en ingresos al año aprobada la consulta, lo que contribuirá aún más a unas perspectivas fiscales ajustadas en 2023 y 2024″, explicó recientemente Laura Lizarazo, analista senior de Control Risks, a Bloomberg Línea.
Moody’s también dijo que el escenario fiscal del nuevo presidente (sea Luisa González o Daniel Noboa) será limitado y de poco tiempo, pues el gobierno se extenderá solo hasta mayo de 2025. “Es de esperar que el Presidente entrante recurra a políticas populares, pero fiscalmente miopes, lo que resultaría en un escenario crediticio negativo”, dice el texto.
Las limitaciones para acatar los resultados
En el Chocó Andino una mayoría votó por prohibir la minería metálica; sin embargo, en la región ya hay 12 concesiones mineras aprobadas y 6 en trámite, que después de los resultados de la consulta ya no podrán aprobarse ni ingresar al catastro minero del país.
Aunque la Cámara de Minería del Ecuador señala que las concesiones que ya tienen título sí podrían seguir adelante con sus procesos, pues la consulta tiene efectos a futuro.
Entre tanto, sobre la explotación petrolera en el bloque 43-ITT de Yasuní, el gobierno de Guillermo Lasso había dicho que no realizaría ninguna acción para detener este bloque, pues no se cuenta con los recursos para desmantelarlo. Pero en las últimas horas reiteró que respetará la voluntad popular de la consulta.
El ministro de Energía y Minas, Fernando Santos, explicó que retirar la infraestructura y remediar la zona de impacto de ITT llegaría a costar US$600 millones, recursos con los que no cuenta PetroEcuador para 2023.
“Para asignar esos recursos se tendría que sacar recursos a otros sectores que sí están presupuestados en el Presupuesto General del Estado 2023 y eso no es fácil. Es prácticamente inviable a estas alturas. El partido del presupuesta ya está debidamente devengado”, dijo a medios el ministro de Economía y Finanzas del Ecuador, Pablo Arosemena.
Pero además, como a través de la ‘muerte cruzada’ se disolvió la Asamblea Nacional, el actual gobierno no presentó el proyecto de presupuesto nacional para 2024, es decir que se prorrogaría la distribución de 2023, por lo que PetroEcuador tampoco contaría el otro año con los recursos para desmantelar el bloque ordenado en la consulta popular.
“Entonces estos 600 millones de dólares tendrán que ponerse, supongo, en el presupuesto del próximo año (...) porque ya no hay tiempo para hacer una reforma presupuestaria”, precisó Santos Alvite, al explicar que el actual gobierno solo dejará un plan para desmantelar esta infraestructura en Ecuavisa.
El bloque 43-ITT tiene 106 pozos petroleros y produce alrededor de 58.000 barriles de crudo al día.
