Bloomberg Linea — “Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder”, dijo Esteban Torres, viceministro de Gobierno del Ecuador, el lunes 27 de mayo de 2024, refiriéndose a la posibilidad de que la vicepresidenta Verónica Abad reemplace en su cargo al presidente Daniel Noboa, en caso de que concrete su candidatura presidencial para 2025.
Según Torres, “lo primero que hará (Abad), en el primer día, es revertir todas aquellas victorias que el Gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad”.
Estas declaraciones, dadas en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, son una muestra más del distanciamiento entre el presidente Noboa y su vicepresidenta, a quién designó como Embajadora en Israel desde el inicio de su mandato.
Por su parte, Abad ha calificado a Noboa como “autoritario” y ha denunciado persecución y violencia política mientras ejerce sus funciones en Tel Aviv.
Con este distanciamiento y a puertas de la carrera presidencial para 2025, surgen las dudas sobre quién reemplazaría a Daniel Noboa cuando se concrete su candidatura, considerando que la campaña electoral inicia el 5 de enero y concluye el 6 de febrero de 2025, según el cronograma oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Constitución del Ecuador señala que en caso de que el presidente quiera reelegirse para el mismo cargo, deberá pedir una licencia desde el día que inicie la campaña y que la única persona llamada a reemplazar al mandatario es su vicepresidente o vicepresidenta.
Torres, en la rueda de prensa del 27 de mayo, dijo que el gobierno está atento a la situación legal de la vicepresidenta para tomar una decisión. “Lo que podría darse es que, ante la ausencia del primer mandatario y la segunda mandataria, se encargue la Presidencia a un ministerio, algo que establece la Constitución”, señaló.
¿Podría un ministro reemplazar al Presidente en su cargo?
Abogados constitucionalistas consultados por Bloomberg Línea consideran que las declaraciones del ministro de Gobierno son erradas, pues la Constitución señala que el vicepresidente o vicepresidenta es la única persona llamada a reemplazar al Presidente de la República en caso de ausencia temporal. Y también establece que la única forma por la cual los ministros de Estado pueden subrogar es ante la ausencia temporal o definitiva del vicepresidente.
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En este último caso, explica el abogado y académico de la Universidad San Francisco de Quito Emilio Suárez, el presidente deberá designar a un ministro para que reemplace al vicepresidente o vicepresidenta y enviar una terna a la Asamblea Nacional para elegir un nuevo segundo mandatario.
“Hay que respetar lo que dice la Constitución y la ley. Sería muy grave que se siente un precedente de que el presidente de la República envíe a su binomio a un lugar fuera del país para esquivar lo establecido en la ley sobre la sucesión presidencial”, apunta Suárez.
Las únicas razones para que Verónica Abad cese en su posición, según el Artículo 145 de la Constitución, son por terminación del periodo presidencial, renuncia voluntaria aceptada por la Asamblea Nacional, destitución, incapacidad física o mental, revocatoria del mandato o abandono del cargo previa comprobación de la Asamblea Nacional y de la Corte Constitucional.
¿Cuándo un vicepresidente puede ser destituido?
El abogado Esteban Ron, también decano de la Universidad Internacional SEK, explica que hay tres vías para que un vicepresidente sea destituido de su cargo: juicio político, revocatoria del mandato y destitución administrativa por incumplimiento de funciones.
La revocatoria del mandato puede darse cuando el funcionario se haya desempeñado en su cargo por al menos un año y el proceso debe ejecutarse a través del Consejo Nacional Electoral, explica Ron. Esta opción ahora es inaplicable porque Abad va a penas seis meses en su cargo.
La destitución administrativa por incumplimiento de funciones tampoco es viable, según los abogados, pues Abad está cumpliendo sus funciones como Embajadora de Ecuador en Israel tal como el presidente Noboa le asignó desde el inicio de su gobierno.
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La tercera opción es el juicio político que se puede iniciar por presumibles delitos contra la administración pública. Para Ron, esta sería la carta con la que el Gobierno podría jugar. Si en el denominado ‘caso Nene’, en el que el hijo de Abad es investigado por presunto tráfico de influencias dentro de la Vicepresidencia de la República, también se encuentra una vinculación con Abad, se podría iniciar un juicio político en su contra.
Justamente, Abad fue convocada para el 28 de mayo por la Fiscalía General de Estado (FGE) para que rinda su versión libre, voluntaria y sin juramento. Sin embargo, no se presentó porque, según su abogado Oswaldo Trujillo, no ha sido notificada oficialmente. Además, apuntó que Fiscalía no ha indicado si la vicepresidenta fue convocada en calidad de testigo o sospechoso.
La FGE ha convocado nuevamente a Abad para el 31 de mayo, informó Trujillo este miércoles en el programa radial Primera Plana. Pero el abogado insiste en que no se están usando los canales correctos. “El hecho de que nos notifique a nosotros como abogados de su hijo en este proceso no significa que está notificada la vicepresidenta. Tiene que cursarse el oficio correspondiente a la Vicepresidencia y a la Cancillería porque la Fiscalía sabe que la vicepresidenta no está en Ecuador”.
Irene Vélez, secretaria de Comunicación de la Presidencia, dijo el lunes en una entrevista con FM Mundo y otros medios de comunicación que espera que en las audiencias “se den luces” que demuestren que la separación de Noboa y Abad no responde a un acto autoritario sino a que no se aceptan casos de corrupción y justificó el distanciamiento.
Adicionalmente y desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) también se anunció que se interpondría una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de Abad por un caso de “aparente campaña electoral anticipada” cuando Abad fue candidata a la Alcadía de Cuenca en febrero de 2023. Sin embargo, la denuncia aún no ha sido presentada formalmente.
Abad ha negado las acusaciones en su contra alrededor de estos dos casos y ha descrito como “presión política” para que ella abandone su cargo. No obstante, ella ha asegurado que no desistirá.