QUITO — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, será enjuiciado políticamente luego de que la Asamblea Nacional aprobara una resolución para el efecto. La moción presentada por la legisladora Viviana Veloz obtuvo 88 votos.
De esta manera, el parlamento resolvió “enjuiciar políticamente al Presidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, por la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida por el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional”.
El Gobierno tardó en responder a la decisión del Legislativo y hasta el momento el presidente no ha contestado directamente. Sin embargo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, adelantó este miércoles a varios medios de comunicación que el mandatario sí se presentará a la Asamblea a defenderse cuando sea convocado oficialmente, a pesar de que “el juicio se ha desarrollado sin ningún argumento”.
“El presidente no ha cometido peculado alguno ni en este ni en ningún caso. El caso de Flopec, jurídicamente, no tiene ni pies ni cabeza. Nuestro rechazo y desacuerdo obedece a que pese a la Constitución, las leyes y el dictamen del procurador general, el informe de la Comisión de Fiscalización, aunque no aprobado pero motivado y bajo el cual el presidente debería defenderse, no fue materia de análisis”, señaló el ministro a El Universo.
A decir de Cucalón, el tema se basa íntegramente en una decisión política que no ha tomado en cuenta el debido proceso.
Los argumentos
De acuerdo con el documento presentado por Veloz, el presidente de la República “conocía y sabía de la estructura de corrupción en FLOPEC EP”, la empresa estatal encargada del transporte de petróleo y que dio paso al proceso contra Lasso.
Según los argumentos de los propoponentes, Lasso habría incurrido en peculado al no dar por terminado un contrato de transporte de petróleo que perjudicaba al país en más de US$ 6,1 millones. Aunque el contrato fue firmado en la presidencia de Lenín Moreno, la acusación contra Lasso es por, supuestamente, haber desoído la advertencia que le hiciera al respecto el exgerente de Flopec, Jhonny Estupiñán.
Uno de los elementos presentado como prueba fue un informe emitido por la Contraloría en noviembre de 2021, en donde se consigna un examen especial realizado a las operaciones de Flopec con navieras internacionales y brokers del extranjero para la contratación de buques bajo el esquema conocido como “fletamiento por tiempo” (en inglés time charter) que consiste en arrendar buques tanqueros para el transporte de petróleo y derivados, que no necesariamente forman parte de la flota propia de la Flopec.
Como explica el portal digital Plan V, el informe -que comprendió el periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020- analizó los montos que pagaba Flopec por el uso diario de buques tanque de gran tamaño, y encontró algunas irregularidades entre las tarifas del mercado y las que había pagado Flopec.
Además, analizó la firma de un adendo con una empresa off shore conocida como Amazonas Tanker, en el cual se regulaban las ganancias por el transporte de petróleo y el arrendamiento de barcos. Según la Contraloría, “una renegociación que había tenido lugar en ese año significó un perjuicio de por lo menos US$ 6,1 millones para el Estado, que es el propietario de la totalidad de las acciones de la Flopec”.
Lo que viene
Según el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el presidente de la Asamblea Nacional debe disponer a través de Secretaría General de la Asamblea Nacional la difusión del informe elaborado por la Comisión de Fiscalización. Luego, transcurridas 48 horas de la difusión del informe, Saquicela, en el plazo de cinco días, deberá incorporarlo en el orden del día para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional a fin de proceder a la censura y destitución, de ser el caso.
Según el artículo 94, en el plazo de cinco días de concluido el debate, el presidente de la Asamblea Nacional convocará a la sesión del pleno a fin de que resuelva motivadamente sin debate con base en las pruebas de descargo presentadas por Lasso.
Durante la sesión intervinieron 22 asambleístas, quienes expusieron sus posturas a favor y en contra del enjuiciamiento. Sin embargo, el trámite no estuvo exento de polémica, sobre todo porque para aprobar la resolución no se tomó en cuenta el informe de la Comisión de Fiscalización que sugería no dar paso al juicio político, pero que no logró los votos para ser aprobado al interior de la comisión.
