Noboa propone nueva ley económica urgente para luchar contra los recursos ilícitos

El texto se denomina Proyecto de Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública

Daniel Noboa, presidente del Ecuador.
16 de enero, 2024 | 12:09 PM

Este lunes 15 de enero de 2024, el Presidente del Ecuador, Daniel Noboa, envío a la Asamblea un nuevo texto de emergencia. En este caso se denomina Ley Orgánica de Urgencia Económica para la Recuperación de Activos de Origen Ilícito y Transparencia en la Contratación Pública.

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Es el cuarto proyecto de ley urgente que envía la actual administración a la Asamblea, poco menos de dos meses del cambio de mando presidencial.

¿De qué se trata este proyecto?

Mediante esta normativa, el Gobierno busca “facilitar la extinción de dominio de activos de origen ilícito a favor del Estado y, a su vez, evitar la obtención de recursos ilícitos a través de la contratación pública”.

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Según detalla un artículo publicado por el portal Primicias, en sus 66 artículos y dos disposiciones, la propuesta legal incluye reformas a:

  • Ley de Extinción de Dominio
  • Ley de la Procuraduría General del Estado
  • Código Orgánico Integral Penal
  • Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
  • Ley de tenencia de Armas

Asimismo, se propone que la Fiscalía General del Estado sea competente para realizar la investigación patrimonial sobre extinción de dominio, de oficio, por denuncia, por cualquier medio por el que pueda conocer de la conducta ilícita que requiera abrir la investigación patrimonial.

En otros aspectos, resalta el diario El Universo, el proyecto plantea la conformación de observatorios ciudadanos permanentes en materia de contratación pública, los cuales estarán integrados por personas u organizaciones ciudadanas que no tengan conflicto de intereses con el objeto observado.

Por otro lado, el proyecto dispone que la Procuraduría General del Estado, cuando se trate de la defensa del interés público, presentará la denuncia en fase de investigación patrimonial o la acusación particular dentro del procedimiento de extinción de dominio e impulsará las diligencias probatorias correspondientes en la investigación patrimonial.