QUITO — Representantes del Partido Social Cristiano (PSC) y de la Izquierda Democrática presentaron la tarde de este miércoles una acción de inconstitucionalidad contra el decreto de ‘muerte cruzada’ firmado por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que ordena la disolución del parlamento. Los accionantes esperarán un pronunciamiento de la Corte Constitucional (CC) en los próximos días u horas.
“Se ha presentado ya la acción de inconstitucionalidad por el fondo contra el decreto que ha decretado la muerte cruzada de la Asamblea Nacional y, en tal virtud, esperamos, respetuosos de la Constitución, de la ley y de la convivencia pacífica de este país, que sea esta Corte la que dirima este conflicto y nosotros respetaremos la decisión que sea”, dijo el asambleísta por el PSC y exvicepresidente del parlamento, Esteban Torres, tras presentar el documento.
A decir de Torres, si el decreto carece de legalidad y de constitucionalidad, “la Asamblea se mantendrá en pie con las expectativas de los ecuatorianos”, pero si la Corte reconoce su validez “nos iremos a elecciones, no tenemos temor alguno”.
Las razones para presentar la acción de inconstitucionalidad, según explicó Torres, tienen que ver con que “no existe en la Constitución una causal para la ‘muerte cruzada’ para impedir la votación de un juicio político”, pues consideran que la intención de Lasso fue frenar su destitución y que el argumento de “grave conmoción interna” utilizado para el decreto no está justificado.
“Las causales están regladas y ninguna de ellas se ha utilizado en el decreto firmado por el presidente de la República”, agregó el representante del PSC que había sido elegido como vicepresidente de la legislatura el domingo pasado, en la renovación de autoridades.
Mientras el Corte resuelve este y otros pedidos que se prevé lleguen al organismo, el Decreto 741 firmado por el mandatario ya fue publicado en el Registro Oficial e incluso el presidente envió a la propia CC la primera ley-decreto con carácter económico-urgente.
La ‘muerte cruzada’ es un mecanismo vigente desde la Constitución del 2008 en el que el presidente a través de un decreto puede cesar al Parlamento y convocar a nuevas elecciones presideciales y legislativas. Las autoridades elegidas en esos comicios estarán en el cargo únicamente hasta mayo de 2025, fecha en la que culminaba el mandato de Lasso.