Bloomberg Línea — El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, emitió un decreto-ley para la reestructuración empresarial en el país, con nuevos lineamientos y mecanismos normativos para que las empresas que afronten dificultades financieras, establezcan acuerdos con sus acreedores y reestructuren la compañías, mientras continúa su operación.
Parte de las motivaciones para emitir este decreto-ley, es el fenómeno de El Niño que podría presentarse en el país y que ha sido advertido para una buena parte de América Latina, pues podría aumentar el porcentaje de las empresas que están en reestructuración empresarial. En la actualidad, el 21% de las compañías ecuatorianas atraviesa la fase de disolución, un paso previo a la liquidación.
La medida de decreto-ley, es la que usa el gobierno Lasso desde que disolvió la Asamblea Nacional, normas con carácter de Ley que antes de ser oficializadas son revisadas por la Corte Constitucional. Por este proceso, la Corte aprobó la reforma tributaria y rechazó la Ley de zonas francas.
Con la nueva normativa, se crea un sistema concursal eficiente que busca salvar a las empresas solventes, pero que tengan problemas financieros actuales, que se produjeron especialmente desde la pandemia del Covid-19 y que se pueden incrementar con los fenómenos climáticos, derogando, al tiempo, la ley de Concurso Preventivo.
El decreto busca cubrir tres necesidades en el país: un marco eficiente de regulación concursal, conservar a las empresas viables y liquidar a operadores inviables.
“Considerando las afectaciones económicas y productivas que causó la pandemia en las industrias del país; sumado a los impactos que se prevén devendrán con la llegada del Fenómeno El Niño y otros factores, esta propuesta contribuirá a mantener una economía saludable, fomentar la inversión, proteger a los acreedores y preservar los empleos. En esencia, busca viabilizar la subsistencia de estas compañías promoviendo acuerdos preconcursales y procesos formales de reestructuración eficientes”, dijo el gobierno ecuatoriano en un comunicado.
Al tiempo, se señaló que busca fortalecer al sector privado ecuatoriano, preparándolo de manera más efectiva para hacer frente a los desafíos económicos que podrían surgir como resultado de estas situaciones emergentes.
¿Quiénes pueden acogerse al nuevo régimen de insolvencia empresarial?
Estarán sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, todas compañías y sucursales de compañías extranjeras radicadas en el Ecuador, aplicando el procedimiento administrativo de reestructuración establecido en el decreto-ley.
Con relación a compañías cuyo negocio o giro operacional fuere inviable, “buscando el aprovechamiento del patrimonio de la sociedad deudora y la protección del crédito, el decreto permitirá una disolución y liquidación pronta y ordenada”.
Así mismo, el decreto-ley plantea un proceso de régimen abreviado de reestructuración, cuyos procesos tendrán menor duración, con resolución de conflictos entre deudores y acreedores, y respondiendo a las necesidades de las compañías.
Los nuevos alivios a los créditos educativos en Ecuador
El otro decreto-ley que revisará la Corte Constitucional está relacionado con las familias y estudiantes que están en crisis financiera, en condiciones de impago o de medidas coactivas por cuenta de créditos educativos.
“Todos estos casos son producto de la crisis económica que generó la pandemia. No se puede castigar a quien quiere superarse, a quien está atravesando una difícil situación, el Estado los debe ayudar a salir de esta crisis”, dijo el presidente Guillermo Lasso.
Se eliminarán el 100% de intereses, multas y recargos. Quienes estén desempleados también tendrán un período de gracia de seis meses para seguir el pago de sus deudas, al tiempo que se otorgará una condonación total o parcial del crédito a las personas que sufran una discapacidad o enfermedad rara o catastrófica.
“Está en las manos de la Corte Constitucional y esperamos que emita su dictamen de inmediato”, añadió el mandatario, haciendo énfasis que fue un proyecto de ley que no avanzó en la Asamblea Nacional anterior.
