La vicepresidenta de Ecuador es suspendida por 150 días por el Ministerio de Trabajo

La suspensión contempla el no pago del salario por cinco meses, después de que la cartera considerara un “abandono injustificado” de sus funciones

Verónica Abad Rojas
09 de noviembre, 2024 | 10:08 AM

Bloomberg Línea — Un nuevo capítulo se escribe en la ya desgastada relación entre el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, y su vicepresidenta, Verónica Abad. El Ministerio de Trabajo anunció una suspensión de 150 días sin goce de remuneración a la funcionaria.

La cartera señaló en la resolución -firmada el 8 de noviembre de 2024- que la sanción se daba por la falta grave de “abandono injustificado de trabajo por tres o más días laborales consecutivos”, como lo precisa la Ley Orgánica del Servicio Público.

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La sanción, que entró en vigencia el 8 de noviembre, se habría dado porque Abad, que estaba en funciones de embajadora de paz en Israel desde que comenzó el mandato de Noboa a finales de 2023, no llegó en la fecha indicada a Ankara, Turquía, el pasado 1° de septiembre, en donde estaría la nueva destinación del gobierno para su trabajo.

Debido a que llegó a la ciudad turca el 9 de septiembre, la cartera de Trabajo consideró que hubo “abandono injustificado” por cinco días hábiles.

“Una vez cumplido el plazo de la suspensión temporal sin goce de remuneración dispuesta por esta autoridad por 150 días, incluidos sábados y domingos, la servidora pública María Verónica Abad Rojas deberá reincorporarse al lugar físico de trabajo que la autoridad administrativa disponga para el efecto”, precisa el texto.

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Sin embargo, la sanción no anula las facultades constitucionales de la vicepresidenta, las cuales incluyen reemplazar al presidente Noboa en caso de ausencia de sus funciones o por licencia, situación que se dará pronto -y que buscaría evitarse con la suspensión de Abad-, cuando el mandatario decida comenzar su campaña política de cara a una reelección en las votaciones generales de 2025.

El pasado 5 de noviembre, el Tribunal Contencioso Electoral del Ecuador (TCE) había sancionado a Verónica Abad con una multa de US$8.500 por “infracción grave electoral”, aunque no la destituyó del cargo.

La desgastada relación de Abad con el gobierno Noboa

En noviembre del año pasado, cuando Noboa se posesionó como presidente del Ecuador, ya había un ambiente tenso entre ambos funcionarios. Incluso, hubo poca cordialidad cuando recibieron las credenciales que los acreditaban como presidente y vicepresidenta electos en el país.

Y en cuestión de días, a finales del mismo mes de 2023, Noboa rompió las relaciones con su vicepresidenta y la envió para “promover la paz entre Israel y Palestina” como embajadora a Tel Aviv.

A estas tensiones y el intercambio de mensajes entre la vicepresidenta y funcionarios de la administración Noboa, se han sumado en los últimos meses demandas y contrademandas, de parte y parte, por “violencia política de género”.

Verónica Abad denunció por esta presunta infracción al presidente Daniel Noboa y algunos miembros de su gabinete, entre ellos la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld. Del otro lado, la canciller del Ecuador y otra funcionaria, la asesora presidencial Diana Jácome, también han interpuesto denuncias por la misma causa contra la vicepresidenta.

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“Dentro del análisis para la defensa de la vicepresidenta, hemos encontrado elementos que configuran esta infracción grave y que ahora nos encontramos en proceso de demostrar. Es tan grave, que distintos aspectos de la personalidad, del ejercicio y la función de la vicepresidenta, no solo como política sino también como mujer, a tal punto que podría incidir la incomodidad tanto en ella que se busque su renuncia o destitución”, dijo Dominique Dávila, abogada de Abad, el viernes 8 de noviembre, tras la audiencia oral única de pruebas por la denuncia contra el presidente y otros funcionarios ante el TCE.

Esta demanda pide sanciones contra el Presidente de la República y otros altos funcionarios, en lo que Abad ha considerado “agresiones” en su contra y acciones con las que han intentado “impedir su ejercicio de la función pública”.