Bloomberg Línea — En las últimas semanas, un juez de la Unidad Judicial de Trabajo de la provincia de Guayas ordenó el embargo de 17 bienes pertenecientes al Banco Central del Ecuador (BCE), como parte de un fallo judicial que ordena el pago de US$60 millones a 153 extrabajadores del banco central.
Los bienes, que están ubicados en Guayaquil y Cuenca, incluyen el edificio del BCE en la avenida 9 de octubre (centro de Guayaquil) y también un inmueble donde funciona el Archivo Histórico de dicha ciudad.
El embargo ordenado busca pagar poco más de US$ 60 millones a extrabajadores que demandaron al BCE por haber sido despedidos en 2004, estando cerca de su edad de jubilación.
De acuerdo con la abogada de los accionantes, Djalma Blum, al momento de estos trabajadores ser despedidos, el BCE se apoderó, presuntamente, de US$ 205 millones, monto que era aportado de manera bimensual un fondo de pensiones privado de la entidad, que después fue eliminado en la presidencia de Rafael Correa, informó el medio Primicias.
Pese a que el juez del caso, Carlos Valarezo, ha señalado que el proceso debe seguir adelante y el embargo se debe consolidar, el banco central ha señalado en pronunciamientos específicos registrados por el medio mencionado, que esta es una medida de “enriquecimiento en desmedro de los recursos públicos” y que la decisión judicial no tiene precedentes.
Así mismo, se señala que los despidos, en su momento, ocurrieron en medio de una supresión de partidas, que contó con el pronunciamiento favorable de la Procuraduría General del Estado de la época.
