Bloomberg Línea — La organización promotora de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) pidió al Gobierno de Ecuador despenalizar el aborto y facilitar el acceso a este servicio de salud.
A través de un amicus curiae, es decir, un informe técnico presentando ante la Corte Suprema de Justicia, HWR apoyó una demanda radicada por Justa Libertad que busca despenalizar el aborto, debido a que actualmente implica hasta dos años de cárcel a las mujeres que se sometan a este procedimiento médico.
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El Código Penal de Ecuador, en su artículo 150, establece que el aborto no desencadenará sanciones siempre y cuando la vida de la mujer corra peligro, o si es producto de una violación.
Por otra parte, los artículos que van del 147 al 149 determinan que una mujer que consienta voluntariamente su aborto o se lo cause por cuenta propia puede pasar de seis meses a dos años en la cárcel. Así mismo, consignan que quien realice este procedimiento consentido por la embarazada puede ser condenado hasta tres años en un centro penitenciario, y sin consentimiento, hasta siete años.
En ese contexto, y tomando como referencia una demanda interpuesta por Justa Libertad —coalición que agrupa ocho organizaciones de la sociedad civil— el pasado marzo, fue que que HWR se pronunció.
El escrito de HWR dirigido a la Corte Suprema de Justicia citó un informe realizado por la organización en 2021, que, entre otras, evidenció que la criminalización del aborto conllevó a “importantes barreras para acceder a este servicio y a la atención postaborto”. El estudio también comprobó que las mujeres que deseaban interrumpir su embarazo se vieron sometidas a la estigmatización de los profesionales en salud y a una “interpretación excesivamente restrictiva” de los artículos del Código Penal que lo permiten.
“Incluso quienes cumplen con los requisitos legales para acceder a la atención del aborto se enfrentan a importantes barreras, ya que el personal y las instituciones sanitarias suelen imponer sus creencias de que, una vez embarazadas, las mujeres y las niñas están obligadas a ser madres”, dijo Stephanie Lustig, asistente de investigación de HRW.
El informe al que acudió HRW para elaborar el escrito amicus curiae además demostró que la criminalización del aborto en Ecuador no solo acrecentó estereotipos como que el rol de la mujer en la sociedad se reduce a la maternidad, sino que castigó a quienes fueron contra ellos.
Penalización del aborto viola derechos reproductivos: HRW
HWR afirmó que la criminalización del aborto restringe la autonomía de las embarazadas, pero también les impone tener que continuar con embarazos no deseados, en ocasiones sin los recursos adecuados y sin apoyo.
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Además, citó al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Naciones Unidas para plantear que la penalización del aborto viola diferentes derechos humanos, entre ellos, a la salud y a la autonomía sexual y reproductiva. Incluso pueden atentar contra el derecho a la no discriminación y la igualdad, así como no ser sometido a torturas ni a tratos crueles.
“La penalización del aborto en Ecuador agrava las inequidades sociales y viola derechos humanos fundamentales”, agregó Stephanie Lustig.
