Bloomberg Línea — Human Rights Watch (HRW) considera que Ecuador ha incurrido en “serias violaciones a los derechos humanos” desde que el gobierno de Daniel Noboa anunció que el país se encuentra en un “conflicto armado interno”, el 9 enero de este año.
Así lo manifiesta Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW, en una carta enviada este 22 de mayo de 2024 al presidente ecuatoriano.
Ecuador🇪🇨l Le envié una carta al Pres. Noboa (@Presidencia_Ec) analizando qué ha ocurrido luego del anuncio de un "conflicto armado":
— Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) May 22, 2024
-La situación de violencia sigue siendo grave.
-La militarización de calles y cárceles ha causado violaciones de DDHH.https://t.co/fDTFc7BGNj
Tras una escalada de violencia que Ecuador vivió a inicios de 2024, que incluyó la toma del canal de televisión TC por parte de grupos criminales y generó pánico en toda la población, Daniel Noboca decretó “conflicto armado interno” y calificó como “terroristas” a 22 grupos del crimen organizado.
Goebertus explica que la organización ha analizado desde entonces todos los hechos relacionados al combate a la violencia en Ecuador, incluyendo informes policiales, documentos judiciales, videos publicados en redes sociales y demás información oficial y concluye que “el gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada”.
HWR agrega el hecho que la Corte Constitucional del Ecuador también determinó que el gobierno “no ha brindado información suficiente para justificar la existencia de uno o más conflicto armado no internacional”. Por ello, la organización internacional cuestiona si en realidad existe o no un conflicto armado interno en el país.
Lea además: Ecuador declara existencia de “conflicto armado interno” y anuncia operaciones militares
La inseguridad continúa
HWR reconoce que desde enero disminuyó el número de homicidios a nivel nacional con una reducción del 27% de muertes violentas hasta abril de 2024. Sin embargo, Goebertus también señala en su carta que han aumentado los niveles de extorsión y secuestro, y que tres alcaldes fueron asesinados en los últimos meses. Esto muestra que “la situación de seguridad sigue siendo grave”, sostiene.
La representante de HRW también cuestiona la gestión de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del sistema judicial en general. Afirma que de las 9.000 detenciones reportadas a finales de febrero, la FGE dijo sólo haber recibido 494 noticias del delito; de esas detenciones se iniciaron investigaciones previas sobre 339 casos y los jueces sólo habían dictado sentencias condenatorias en cuatro casos por delitos flagrantes.
Vea más: Asesinan a otro alcalde en Ecuador; esta vez en el sur del país
Esto significa que “aparentemente muchas personas nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez, una práctica que genera preocupación por posibles abusos, así como por la falta de una investigación eficaz”, dice Goebertus.
Violaciones a derechos humanos
Sobre casos de violación a los derechos humanos, HRW denuncia que han existido detenciones arbitrarias y malos tratos en prisión, “que en algunos casos pueden constituir tortura”. También indica que la Policía y el Ejército pudieron haber sometido a personas detenidas a represalias u otros tratos degradantes.
Adicionalmente, la organización cuestiona que los militares han mantenido incomunicados a los detenidos, sin permitirles en algunos casos, ejercer su derecho a contactarse con abogados o a obtener asistencia médica.
Vea también: Fiscal de Ecuador dijo que asesinos de Fernando Villavicencio también iban tras ella
Otro punto de preocupación de HRW es que “las autoridades ecuatorianas parecen haber tomado pocas o ninguna medida para prevenir las violaciones de derechos humanos o para garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”, según cita la carta.
Por otra parte, HRW también cuestiona al pronunciamiento de la Asamblea Nacional en el que señaló que estaban dispuestos a aprobar una amnistía o indulto “en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea” de la Policía y el Ejército. Para Human Right Watch, “una legislación de este tipo podría violar la obligación de Ecuador, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de investigar, perseguir y sancionar las violaciones de derechos humanos. La propuesta de la Asamblea envía un mensaje preocupante que invita a las fuerzas de seguridad a cometer violaciones con impunidad”.
¿Qué recomienda Human Rights Watch al Ecuador?
En la carta enviada al presidente Daniel Noboa, Juanita Goebertus emite una serie de recomendaciones para mejorar el combate al crimen organizado, sobre todo desde la gestión judicial y la rendición de cuentas por parte de los actores involucrados. Entre ellas constan:
- Tomar medidas para crear una unidad de investigación bien capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, de modo que los fiscales no tengan que depender de la policía para llevar a cabo las investigaciones.
- Aumentar la financiación del mecanismo de protección de fiscales y jueces y garantizar una revisión periódica de su situación de riesgo.
- Limitar el papel de las Fuerzas Armadas a circunstancias en las que su uso sea estrictamente necesario. Y fortalecer sus mecanismos disciplinarios de prevención y rendición de cuentas tanto, incluyendo a la Policía Nacional.
- Poner fin al régimen de incomunicación y garantizar que los detenidos puedan comunicarse y recibir visitas de sus familiares y abogados y se les garantice acceso a los servicios básicos.
Nuevo estado de excepción en siete provincias
El presidente Noboa ni su equipo se han pronunciado oficialmente sobre la carta de Human Rights Watch.
Como medida para continuar con la lucha contra el crimen organizado, se conoce que el Gobierno declarará este miércoles un nuevo estado de excepción en siete provincias del país: Guayaquil, Manabí, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Sucumbíos, Orellana y en el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay).
Así lo dieron a conocer medios locales en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) que se desarrolló en el Palacio de Gobierno. Según la asesora presidencial, Diana Jácome, el decreto primero será enviado a la Corte Constitucional para su análisis.
