Bloomberg Línea — Después de ser tramitada la Ley para Enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, el gobierno del presidente Daniel Noboa dijo que prevé aumentar el IVA al 15%.
La decisión parte de los términos en los que se aprobó este proyecto en la Asamblea Nacional, pues aunque los asambleístas negaron en una primera instancia el incremento del IVA del 12% al 15%, el veto parcial que impuso el presidente generó las condiciones para que la ley se publicara con un incremento del IVA al 13% de manera permanente, y con la posibilidad de que el mismo gobierno lo eleve al 15%, con aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas.
De esta manera, el jefe de esta cartera, Juan Carlos Vega, anunció el miércoles que el gobierno va a “empezar con el IVA al 15% para sostener la exitosa campaña de combate la inseguridad”, al resaltar que 9 de cada 10 dólares que tiene el presupuesto del país se está destinando a cuatro sectores, entre ellos seguridad y justicia.
“En el decreto, el IVA sube al 13% de forma permanente y le da la prerrogativa al presidente de la República en subir dos puntos adicionales, con base en un informe del Ministerio de Economía y Finanzas relativo a la complejidad de las Finanzas Públicas”, explicó Vega en entrevista a Teleamazonas.
Bajo estas condiciones, a futuro, el gobierno terminaría por lograr su meta de recaudación cercana a los US$1.400 millones adicionales al año para el presupuesto general.
Para poder elevar el IVA, el veto presidencial se publicará en el Registro Oficial, para después convertirse en ley y que se emita “el informe del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la emergencia fiscal que vivimos y se incrementará el IVA al 15%”, añadió Vega.
Noboa, quien lucha contra unas cuentas fiscales ajustadas y una situación de seguridad deteriorada en el país, ha logrado aprobar cuatro proyectos de ley de tinte económico desde que llegó a su cargo a finales de 2023 y por un período atípico que se extenderá hasta mayo de 2025.
El cobro del nuevo IVA se dará a partir del 1 de abril de 2024, y no desde marzo como contempló inicialmente el gobierno, por cuenta de la figura que se activó en el trámite de la Ley en la Asamblea Nacional, que fue un allanamiento tácito al veto presentado por Noboa por falta de consensos o mayorías que ratificaran la decisión inicial del legislativo.
