Este lunes, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas dio a conocer a través de un comunicado de prensa que la exministra María de Los Ángeles Duarte, condenada por corrupción, salió “sin conocimiento del personal de la Embajada” de argentina.
Duarte se encontraba refugiada en dicha embajada desde el pasado 12 de agosto de 2020 junto a su hijo menor de edad, cuyo padre es ciudadano argentino. Según la comunicación del gobierno, el canciller argentino Santiago Cafiero fue quien comunicó al canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín de la salida de la exfuncionaria del gobierno de Rafael Correa. De inmediato, el gobierno pidió detalles de lo sucedido al embajador argentino Gabriel Fuks.
En principio, la delegación diplomática argentina le concedió el estatus de huésped a Duarte por “razones humanitarias”. Y, recientemente, en diciembre de 2022, le otorgó asilo.
En el comunicado oficial, Duarte es definida como una prófuga de la justicia ecuatoriana. “La policía ha activado los protocolos de búsqueda y captura de la señora Duarte”, señaló el gobierno. Además, indicó que presentó un “enfático reclamo a Argentina” y que exigió la entrega de información. “La Cancillería ecuatoriana tomará las medidas más adecuadas ante este incidente”, indicó.
Duarte fue sentenciada a ocho años de cárcel por el conocido caso de sobornos del 2012 al 2016, por el delito de cohecho. Según las autoridades ecuatorianas, como ministra de la cartera de Transporte, formó parte de una estructura que recaudó dinero privado a cambio de contratos estatales. La exministra ha asegurado al respecto, en varias ocasiones, que es una perseguida política.
