Bloomberg Línea — Los contratos colectivos de Ecuador están bajo revisión del Ministerio de Trabajo. Entre ellos, los más polémicos se encuentran en cuatro empresas públicas de los sectores estratégicos del país: Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Petroecuador.
Las investigaciones oficialmente iniciaron el 11 de junio de 2024 cuando la titular del Ministerio de Trabajo, Ivonne Núñez, quien encabeza esta revisión, emitió un acuerdo ministerial que establece los parámetros que deben cumplir los contratos colectivos del sector público y privado para ser válidos.
Uno de los requisitos más importantes es que se cuente con el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pues es la entidad que debe garantizar que existan los recursos financieros suficientes para cubrir los incrementos salariales y otros beneficios económicos que este tipo de contratos implican en el sector público.
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Según los primeros hallazgos del Ministerio de Trabajo, los contratos colectivos firmados en las cuatro empresas públicas mencionadas no cuentan con la aprobación del MEF y le cuestan al Estado alrededor de US$300 millones cada año, incluso en empresas que han reportado grandes pérdidas anuales, como las eléctricas.
En varias intervenciones públicas y entrevistas a medios locales, la ministra Núñez ha explicado que los sindicatos y comités de empresas de trabajadores además han adquirido la práctica de acudir a diferentes instancias judiciales, incluso en ciudades pequeñas país, para evadir el requisito del dictamen del MEF y obtener acciones de protección.
Esto llevó a que el 1 de julio Núñez solicitara a la Contraloría General del Estado un examen especial de los cuatro contratos colectivos en cuestión. Según un comunicado del Ministerio de Trabajo, esta solicitud busca determinar las responsabilidades administrativas, civiles culposas e indicios de responsabilidad penal; así como la declaratoria de nulidad de los contratos colectivos en los que se han infringido las normas legales.
El pasado 12 de julio de 2024, la Contraloría General del Estado respondió al pedido del Ministerio de Trabajo y confirmó que realizará verificaciones preliminares a los contratos colectivos de CNEL, CNT, Celec y Petroecuador suscritos entre 2017 y 2023.
10 grandes beneficios de los contratos colectivos investigados
Además de no cumplir con todos los requerimientos legales, la ministra de Trabajo ha calificado como “abusivos de las finanzas estatales” a los contratos colectivos. Por ejemplo, en el contrato colectivo de CNEL, uno de los más polémicos, un empleado que sea despedido, recibiría una indemnización equivalente 96 remuneraciones mensuales unificadas, incluyendo horas extras.
Con esta cláusula, una persona que percibe US$1.000 mensuales, podría recibir hasta US$96.000 y el valor puede ser aún mayor para los dirigentes sindicales.
Entre otros onerosos beneficios de los contratos de CNEL, CNT, Celec y Petroecuador, se encuentran:
- Estabilidad laboral: en el caso de CNT y CNEL, los trabajadores acceden a cuatro y ocho años de estabilidad laboral, respectivamente, mientras que en Celec tienen estabilidad laboral de forma indefinida. Si son desvinculados, las indemnizaciones pueden llegar a valores entre US$90.000 y US$138.000.
- Renuncia voluntaria: si un empleado renuncia voluntariamente en CNEL, recibe siete salarios básicos unificados por concepto de liquidación por cada año de servicio. Si el trabajador muere, su familia se hará acreedora de este beneficio.
- Muerte del trabajador: adicionalmente, si el trabajador fallece, las empresas están obligadas a pagar la bóveda y los gastos funerarios. El monto por esta causa puede ir entre los US$250 hasta los US$1.000.
- Incremento salarial: cada año, el salario de los trabajadores recibirá un incremento de US$100, y lo mismo se aplica para las pensiones jubilares.
- Antigüedad: el subsidio mensual por antigüedad, entregado a partir del primer año de trabajo, corresponde al 5% de un salario básico unificado en Cnel. En otras empresas, como Petroecuador y CNT, este beneficio equivale al 0,25% de la remuneración por cada año de antigüedad.
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- Bono navideño: para la época navideña, los trabajadores reciben un bono equivalente a un salario básico y US$100 por el concepto de una canasta navideña. Además, tienen derecho a un bono por vacaciones de US$50.
- Guarderías: las unidades de negocio de CNEL además deben proveer el servicio de guardería infantil o contratar a terceros para prestar ese servicio.
- Compras: CNEL además paga US$50 al mes a sus empleados como subsidio para compras en el supermercado. En otras empresas como CNT y Celec también reciben pagos extra por transporte y alimentación.
- Subsidio familiar: en algunos contratos colectivos de las empresas públicas investigadas, los empleados reciben un subsidio familiar por sus hijos de hasta 18 años. Pero en CNEL, también se considera al cónyuge como carga familiar y reciben la bonificación hasta que los hijos tengan 25 años. En el caso de hijos con discapacidades, no existe límite de edad para recibir el pago extra.
- Préstamos: los trabajadores también tienen derecho de acceder a préstamos de la empresas más cómodos que personas que no están amparadas en un contrato colectivo. Por ejemplo, un trabajador puede acceder a un préstamo para vivienda de hasta 20 remuneraciones.
¿Cuáles son los siguientes pasos?
Tras la revisión de los contratos colectivos por parte de la Contraloría General del Estado, la ministra Núñez espera renegociarlos en función de lo que establece la legislación ecuatoriana y los recursos estatales.
Adicionalmente, está previsto que en octubre se emita un Reglamento para la Ley de Empresas Públicas, pendiente desde que la ley fue aprobada en 2009. Con este reglamento, el Gobierno busca eliminar las remuneraciones variables que también son parte de los contratos colectivos investigados y que se pagan según el nivel de eficiencia de los trabajadores. Según el Ministerio de Trabajo, este rubro le cuesta al Estado US$40 millones y no está claro su método de cálculo ni si cuentan con el financiamiento respectivo.
¿Cómo han respondido los trabajadores?
Richard Gómez, secretario general del Comité de Empresa de Trabajadores de CNEL e impulsor del contrato colectivo en esa empresa (uno de los más polémicos), ha dicho en ocasiones anteriores que el objetivo de los onerosos beneficios de los contratos colectivos es evitar que los trabajadores sean despedidos.
“La (alta) indemnización no es para que nos paguen, sino para que no nos boten”, dijo en una entrevista a diario El Universo el 26 de junio. Agregó también que en el caso de CNEL, los gerentes de turno dilataron las negociaciones y mediante un arbitraje se determinó que este contrato, aprobado en 2021, no necesitaba pronunciamiento del Ministerio de Finanzas.
El Artículo 11 de este contrato colectivo, compuesto por 85 artículos, establece una vigencia de tres años a partir del 1 de enero de 2018 y estipula una revisión anual a partir de 2019. Sin embargo, dado que el contrato fue aprobado en 2021, algunos de los beneficios quedaron suspendidos, según Gómez. Por ello, el sindicalista sostiene que “más del 90% del contrato no se cumple” en la actualidad.
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Los beneficios que sí están vigentes porque el contrato se mantiene prorrogado son pagos adicionales por antigüedad, cargas familiares y comisariato (compras en el supermercado). Entre 2021 y 2023, la empresa pública ha destinado entre US$56 millones y US$79 millones al año para cumplir con estos pagos que representan entre el 4% y el 6% de los ingresos totales de la empresa.
Para insistir en que se cumplan todos los beneficios, los trabajadores presentaron un nuevo proyecto en 2022 con las mismas condiciones que el contrato inicial, pero las negociaciones se han aplazado hasta la fecha.
Este 13 de julio de 2024 se realizó la Convención Anual de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y allí indicaron que analizan medidas legales para proteger los contratos colectivos investigados por el Gobierno Nacional. Una de ellas, es acudir a la Corte Constitucional (CC) para demandar la inconstitucionalidad del reglamento expedido en junio con el cual se dio paso a revisar los contratos colectivos del sector público.
Gómez, también presidente de la CUT, dijo que para esto los trabajadores organizarán una marcha en Quito, pero la fecha aún está por definirse.
En la convención de este fin de semana también manifestó que los sindicalistas están abiertos al diálogo y pedirán que estos temas laborales sean parte de mesas de diálogo con el Gobierno nacional.
