Bloomberg Línea — La focalización de subsidios a los combustibles es un tema constante a lo largo del acuerdo entre el Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretó el pasado 31 de mayo de 2024.
El préstamo se firmó por US$ 4.000 millones. Los primeros US$ 1.000 millones son de entrega inmediata y el resto se desembolsará paulatinamente hasta 2028.
En el documento que detalla los alcances del programa de Servicio Ampliado (SAF), las autoridades ecuatorianas manifiestan su compromiso por implementar un programa para focalizar las subvenciones en este año; y el organismo reitera la necesidad de hacerlo para subsanar las finanzas públicas del país.
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Tanto en la carta de intención de Ecuador para acceder financiamiento del FMI y el informe técnico emitido por la institución, se destaca la intención del presidente de la República, Daniel Noboa, por focalizar los subsidios a la gasolina.
¿Qué se sabe del plan de focalización de subsidios?
El documento no detalla el plan y Noboa ha dado pocas luces sobre el tema durante los últimos meses. En una entrevista a la agencia EFE en mayo, señaló que la focalización sería a las gasolinas extra y ecopaís, mientras que los subsidios al diésel y al gas doméstico se mantendrían intactos. En esa misma entrevista señaló además que la eliminación del subsidio será para los grupos poblacionales que no lo necesiten.
Adicionalmente, el 2 de mayo, se creó vía decreto presidencial el Comité de Optimización Energética. Entre sus tareas se encuentra la revisión de los subsidios de los combustibles. Sin embargo, durante este primer mes no ha habido ningún pronunciamiento por parte de este ente.
Solo el ministro de Energía, Roberto Luque, indicó la semana pasada que al liberar el precio de los combustibles, el Gobierno implementará un sistema de compensaciones para los grupos poblacionales que recibirían los beneficios.
¿Qué opina el FMI de los subsidios a los combustibles?
Para el FMI, los subsidios a los combustibles son “costosos, regresivos (benefician desproporcionadamente a los más pudientes), perjudiciales para el medio ambiente y contribuyen a actividades delictivas como el contrabando”. Y afirma que las autoridades ecuatorianas tienen previsto seguir mejorando la orientación de las subvenciones a los combustibles, promover la transición energética, y no dejar de lado la protección social a los grupos más vulnerables.
A pesar de la bajada de los precios del petróleo en 2023 en comparación con 2022, la factura de las subvenciones a los combustibles aumentó las presiones fiscales. El Ecuador gastó US$ 3.200 millones en 2023 en este rubro, según el Ministerio de Economía y Finanzas.
El FMI recuerda que con la eliminación del subsidio al combustible al sector camaronero en 2023, se generó un ahorro de unos US$150 millones.
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En el actual programa para el Ecuador, que incluye la reducción del gasto por subsidios y un aumento de la producción petrolera, se esperan ingresos por US$831 millones (0,7% del PIB) hasta finales de 2024. Y para 2028, los ingresos ascenderían a los US$2.000 millones.
Para el execonomista jefe para América Latina del Banco Mundial y exgerente general del Banco Central, Augusto de la Torre, la eliminación de los subsidios “ha sido un dolor de cabeza” desde los años 70 y necesita revisarlos “con o sin acuerdo con el FMI”. A su criterio, a pesar de que la mayor parte de los recursos fiscales se destinan al subsidio al diésel, focalizar el subsidio a las gasolinas extra y ecopaís sería un buen paso, lo dijo este lunes en una entrevista radial.
Otras medidas dentro del programa con el FMI
Adicional a revisar los subsidios a los combustibles y aumentar la producción petrolera, en el plan económico entre el Ecuador y el organismo internacional otras medidas para mejorar la salud financiera del país como mejorar la capacidad del sistema de refinerías, retrasar las contrataciones de personal en las instituciones públicas y determinar las compras estatales no esenciales para priorizar el gasto urgente en seguridad.
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El FMI también recomienda saldar la deuda con los proveedores del Estado y gobiernos locales, promover reformas laborales que flexibilicen la contratación y eliminar gradualmente el impuesto a la salida de divisas.
