El derrame de crudo en la provincia de Esmeraldas sigue generando controversia en Ecuador. Este miércoles, 19 de marzo de 2025, la ministra de Energía, Inés Manzano, apuntó a un posible sabotaje en la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo que ha provocado una emergencia ambiental en la región.
“Después de algunas investigaciones, estamos viendo que esto es un sabotaje”, afirmó Manzano en una entrevista con radio FM Mundo, aunque no dio detalles sobre quién podría estar detrás del hecho.
Inicialmente, se informó que el oleoducto se averió el 13 de marzo debido a un deslizamiento de tierra causado por las fuertes lluvias en la provincia costera de Esmeraldas. Sin embargo, la ministra mencionó que un informe técnico sugiere que la ruptura ocurrió en un punto donde el ducto estaba descubierto. “Hay un análisis que se está haciendo, no puedo revelar aún, pero el informe técnico nos dice que esto puede ser provocado”, añadió.
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El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional, presidido por Manzano, declaró en emergencia ambiental a Esmeraldas, provincia limítrofe con Colombia. Como consecuencia del derrame, al menos 500.000 personas quedaron sin agua potable, ya que sus fuentes de abastecimiento se contaminaron con crudo, según Vicko Villacís, alcalde de la ciudad de Esmeraldas. Villacís había estimado el derrame en 200.000 barriles, aunque Manzano precisó que fueron 3.800 barriles los vertidos.
El incidente no solo contaminó los afluentes, sino que también agravó la situación en el río Viche. La ministra reveló que se identificó a un empleado de Petroecuador que habría abierto indebidamente un dique de contención, permitiendo que el crudo volviera a contaminar el río, el cual, junto con el Caple, fue declarado “muerto” por expertos debido a la magnitud del desastre.
Mientras tanto, el gobierno continúa con las labores de mitigación y suministro de agua potable a los afectados, incluso mediante buques cisterna. Petroecuador informó que el viernes se reinició el transporte de crudo por el SOTE, que tiene una capacidad de 360.000 barriles por día (bd). La reparación incluyó la remoción de 225.000 metros cúbicos de tierra.
El martes, la estatal petrolera suspendió parte de las exportaciones y declaró la fuerza mayor en sus operaciones para evitar sanciones por posibles incumplimientos contractuales.
Paralelamente, la gestión de los gobiernos locales ha sido motivo de críticas por parte de la ministra. Manzano cuestionó la respuesta de los alcaldes de Esmeraldas y Quinindé y los instó a coordinar esfuerzos con el Ejecutivo. “Los alcaldes tienen que sumarse a lo que estamos haciendo (...). Nosotros sentimos que ellos están haciendo algo contra el Gobierno, pero no se dan cuenta de que es contra su propia gente”, sostuvo.
Además, mencionó que la “omisión” de las autoridades locales complicó aún más la emergencia. “Lo mínimo que esperábamos era la colaboración de los municipios”, enfatizó. Según la ministra, la Alcaldía de Esmeraldas fue alertada a tiempo para evitar daños en la planta de agua potable del cantón.
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El impacto del derrame aún está en evaluación, pero la creciente tensión entre el gobierno central y las autoridades locales refleja la complejidad de la crisis ambiental en Esmeraldas.
