Bloomberg Línea — El Banco Central del Ecuador (BCE) informó la tarde de este viernes que desbloqueó los bonos relacionados al caso Palo Santo, que involucra a la familia Bucaram Aivas, y que salió a la luz esta semana en el país.
El BCE explicó que se trató de una medida administrativa preventiva y temporal que se tomó una vez que la Corte Constitucional (CC) emitió una sentencia, el 18 de abril de 2024, en la que determinó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debía recuperar US$22 millones en bonos del Estado.
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Estos bonos se habían pagado como parte de un litigio por posesión tierras iniciado por los hermanos Bucaram Aivas, en la provincia del Guayas en la Costa ecuatoriana.
La sentencia judicial, emitida por una corte local de la provincia de Los Ríos, ordenó la indemnización a la familia y el Ministerio de Finanzas realizó el pago en bonos del Estado “frente a la falta de liquidez de la caja fiscal”, indicó la cartera de Estado. Añadió que dicha sentencia judicial no podía ser incumplida por disposiciones legales.
Ahora, el MEF debe recuperar esos bonos por orden de la CC y una primera medida fue su bloqueo temporal. El gerente del BCE, Guillermo Avellán, indicó en su cuenta de X que “una vez concluido el análisis integral respecto a la titularidad de los bonos referidos en la sentencia de la Corte Constitucional, el BCE, a través de su Depósito Centralizado de Valores, levantó la medida el día de hoy”.
Según el BCE, se constató que la titularidad de los bonos corresponde a terceros ajenos al caso y no se transgredió la titularidad de los bonos, ni tampoco las ganancias percibidas por los tenedores de estos valores por los intereses generados.
Sin embargo, las bolsas de valores de Quito y Guayaquil alertaron sobre la incertidumbre que estas medidas causan en el mercado de valores. César Robalino, gerente general del la Bolsa de Valores de Quito, dijo este viernes a Bloomberg Línea que en los últimos días el movimiento de los títulos del sector público, transaccionados en el mercado secundario “no ha estado en los volúmenes normales de negociación”.
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Robalino agregó que es importante que se cumpla lo dispuesto por la CC, pero que el reclamo debe ser a los tenedores originarios de esos bonos e investigar el proceso judicial.
La Corte Constitucional envió este caso a la Fiscalía General del Estado y al Consejo de la Judicatura para que analicen las decisiones de los jueces locales ya que las tierras que son parte de este caso ya habían sido expropiadas por el mismo Estado en 1985.