Bloomberg Línea — El gobierno ecuatoriano, a través de su agente en La Haya, radicó una demanda contra México en la Corte Internacional de Justicia el lunes 29 de abril, “por las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales”, y haciendo referencia a “injuriosas” declaraciones efectuadas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
En el comunicado oficial sobre la demanda, el gobierno de Daniel Noboa señala que se ha pedido a la CIJ que resuelva y declare que los Estados Unidos Mexicanos inclumplió diferentes obligaciones que involucran a su misión diplomática, así como se pide que declare que México violó el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados, en el momento en el que AMLO emitió “declaraciones falsas e injuriosas” que pusieron “en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en Ecuador”.
¿Qué pide Ecuador en la demanda a México ante la CIJ?
De acuerdo con la cancillería ecuatoriana, la demanda solicita que se resuelva y declare que Los Estados Unidos Mexicanos, incumplió sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Así mismo, se dijo que México también incumplió, entre otras, “sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales”, en el caso del exvicepresidente Jorge Glas, quien fue capturado por la fuerza por las autoridades ecuatorianas a inicios de abril en la Embajada de México en Quito.
Además señala la Cancillería, que México “ha violado los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos y el derecho internacional consuetudinario; y ha violado su obligación de cooperar en asuntos anticorrupción de conformidad con el Artículo XIV de la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y los Artículos 43, 46 y 48 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003″.
Tras hacerse pública la demanda interpuesta por Ecuador, la Procuraduría General del Ecuador, quien tendrá a su cargo el patrocinio de este caso ante la Corte Internacional de Justicia, de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, hizo público el equipo con el cual prepara esta defensa internacional.
“Para la defensa de los intereses estatales se ha integrado un equipo liderado principalmente por los siguientes abogados expertos en derecho internacional público, cuya trayectoria incluye probada experiencia en casos ante esta Corte: Michael Woods, Sean Murphy, Alfredo Crossato y Omi Sender”, se destacó en un comunicado.
Estos abogados prepararán la defensa de Ecuador de cara a la Audiencia de Medidas cautelares que se realizará el 30 de abril y el 1° de mayo de 2024.
Así mismo, la PGE dijo que Andrés Terán, embajador de Ecuador en Países Bajos, actuará como agente del Ecuador ante la CIJ, delegación que también contará con la directora de asuntos internacionales y arbitraje de la PGE, Ana María Larrea.
Los pedidos de Ecuador sobre Andrés Manuel López Obrador
En la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Ecuador pidió al organismo resolver y declarar que el presidente de México, AMLO, violó el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, otros instrumentos relacionados y el derecho internacional consuetudinario, después de sus declaraciones “falsas e injuriosas” en las que puso en duda la legitimidad de las elecciones presidenciales de Ecuador en 2023, en las que Daniel Noboa salió ganador.
Así mismo, se pidió que la CIJ “juzgue y declare las consecuencias jurídicas para los Estados Unidos Mexicanos derivadas de sus hechos internacionalmente ilícitos”.