QUITO — La campaña masiva de vacunación que llevó adelante el presidente Guillermo Lasso en Ecuador durante los primeros meses de su Gobierno, que inició el 24 de mayo de 2021, era un buen augurio. Con casi 70% de popularidad tras haber vacunado a más del 80% de la población contra el covid-19, parecía que la estabilidad iba a ser larga, pero no fue así.
La falta de inversión pública y el desborde del crimen organizado y de la inseguridad, sumados a una férrea oposición política, a la derrota en el referéndum de febrero y a las alertas de corrupción al interior de su administración, han menoscabado la estabilidad del casi el único presidente de derecha de Sudamérica. Ideológicamente, el mandatario está cada vez más alejado de sus vecinos, pero lo más grave es lo que ocurre casa adentro, pues al momento afronta un enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional que puede terminar en su destitución. Analistas y ciudadanos coinciden en que es la más grave crisis de su mandato.
La acusación
A Lasso le acusan de peculado, por supuestamente no haber detenido un contrato que perjudicaba al Estado en más de USD 6 millones a pesar de haber sido advertido al respecto. Si bien el contrato de transporte de petróleo fue suscrito en la presidencia de Lenín Moreno, en 2018, los acusadores de Lasso afirman que el exgerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, sí puso en conocimiento del actual presidente lo que ocurría.
Esta fue la única causa que admitió la Corte Constitucional para dar paso al juicio político que ahora se debate en el Legislativo. La Corte no aprobó las acusaciones de concusión presentadas que tenían que ver con una aparente red de corrupción al interior de las empresas públicas en la que estaría involucrado el cuñado del presidente, Danilo Carrera.
Hoy el trámite se ventila en la Comisión de Fiscalización del parlamento, que tiene 45 días para elaborar un informe no vinculante en el que se recomiende el archivo o el enjuiciamiento político de Lasso. Sin embargo, la última voluntad la tiene el Pleno de la Asamblea, que con dos terceras partes (92 votos) podrá cesar al presidente en sus funciones.
De ser el caso, el vicepresidente Alfredo Borrero asumiría la presidencia de la República por el resto del periodo, es decir, hasta mayo de 2025. Si Lasso es destituido a través de esta vía, sería el primer presidente desde el retorno a la democracia, en 1979, en ser censurado.
La temida “muerte cruzada”
La Constitución del 2008, elaborada durante el Gobierno de Rafael Correa, construyó la figura de “muerte cruzada”, un mecanismo bajo el cual el Ejecutivo puede disolver la Asamblea y viceversa, pero cumpliendo ciertas condiciones. Durante el paro de junio pasado, el Legislativo ya intentó aplicar esta herramienta constitucional, pero no logró los votos y perdió su oportunidad, pues solo se puede utilizar una vez durante el periodo presidencial.
Sin embargo, Lasso aún podría usar esta opción y para ello solo necesita firmar un decreto. De hacerlo, y aunque en el parlamento aseguran que en medio del juicio político no podría, los legisladores cesarían en funciones, el presidente gobernaría por decreto y el Consejo Nacional Electoral convocaría a elecciones generales en los tres meses siguientes. Incluso Lasso podría postularse nuevamente a la Presidencia.
Quien resulte ganador en las elecciones ostentará la primera magistratura solo por lo que resta del periodo, es decir, hasta mayo de 2025, y no cuatro años enteros.
Lasso ha descartado hasta el momento esta posibilidad y ha apostado por defenderse en el Legislativo. Él asegura que es “inocente”, pues el delito del que se le acusa ocurrió en un periodo anterior al de su mandato; sin embargo, no se ha referido a si fue o no advertido del perjuicio económico que significaba para el país mantener el contrato de transporte petrolero referido anteriormente y que fue observado por la Contraloría.
El malestar ciudadano
Si bien en lo formal esta es la situación del mandatario, el malestar en las calles por la falta de seguridad, los elevados niveles de violencia y la irrupción de las bandas criminales relacionadas con el narcotráfico son los componentes que más han golpeado al Gobierno de Lasso.
Como lo recoge el medio digital Primicias, entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2023, las autoridades contabilizaron 1.356 muertes violentas, mientras que en los mismos 78 días de 2022 hubo 815 casos. Esto supone un incremento del 66,4%, con un promedio de 17,4 casos por día, cuando en 2022 fue 10,4.
Las muertes violentas están concentradas en seis provincias: Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena y Manabí, y las autoridades han explicado que aquello se debe a una disputa entre las bandas narcodelictivas por el control del territorio.
Sin embargo, lo que asusta a la ciudadanía es que la violencia está cada vez más presente en las calles. La semana pasada el país atestiguó cómo un guardia de seguridad fue atado con explosivos a su cuerpo, y si bien sobrevivió por la actuación policial, el terror quedó sembrado en quienes observaron esa escena. Asimismo, cada día se reportan robos y secuestros, muchas veces seguidos de la noticia de que esas personas terminaron siendo asesinadas.
Por ello, según una encuesta de Click Report, para 63% de la ciudadanía el principal problema es la inseguridad, incluso más que el desempleo (21,68%).
La respuesta es la confrontación
La sensación ciudadana es que al Gobierno se le ha ido de las manos la situación y que le presidente no está conectado con la realidad, por ello, las medidas que ha implementado hasta ahora no han sido suficientes. La respuesta de Lasso ha estado siempre enfocada en el “combate” a los grupos delincuenciales y la “mano dura”. Para ello ha decretado varios estados de excepción y ha promovido ampliamente la militarización del país, pero los crímenes solo han continuado en aumento.
La última medida tiene que ver con el porte y tenencia de armas por civiles que, si bien deberá ser un proceso reglamentado (ser mayor de 25 años, certificado de destreza y manejo del arma dado por el Ministerio de Defensa, examen psicológico otorgado por el Ministerio de Salud, entre otros), difícilmente podrá ser implementado con el cuidado necesario debido a la fragilidad institucional del país.
El Gobierno ha insistido en que no se trata de “libre porte de armas” sino de porte y tenencia “controlado y con autorización”, pero analistas y universidades no coinciden con esta visión. La Universidad Salesiana, por ejemplo, emitió un comunicado en el que asegura que esta medida “solo agudizará los conflictos y la violencia, ocasionando graves consecuencias para la ciudadanía”.
“Nunca se ha demostrado que un mayor uso de armas se corresponda con un más alto grado de paz pública”, añadió en un comunicado. Similar posición comparten otras ocho universidades ecuatorianas.
Para el catedrático experto en seguridad, Luis Córdova, la flexibilización de la tenencia y porte de armas “lo único que acarrea es la posibilidad de que ciertos grupos económicos puedan valerse de seguridad privada porque pueden pagarla y que ciertos segmentos poblacionales, que tienen suficientes recursos, puedan acceder a la adquisición de armas, pero la inmensa mayoría seguirá siendo víctima de la ola criminal que azota al país”.
El también director del programa de investigación Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central del Ecuador, aseguró en NTN24 que el problema de fondo es que el Estado “no está haciendo nada por resolver los problemas de fondo”, como son las condiciones socioeconómicas de la población.
Un futuro incierto
Pero en medio de esta realidad, el Gobierno de Lasso se sigue desgranando. En los últimos días ha cambiado a dos ministros y el secretario de Comunicación, Andrés Seminario, renunció al cargo. Para el analista político Santiago Basabe, si el presidente supera una vez más el intento de ser destituido, los dos años que le restan tampoco serán fáciles y deberá cambiar radicalmente su estrategia.
“Debería hacer un gobierno más pragmático, más ejecutor de cosas prácticas, puntuales a nivel de las provincias, abrir el gobierno en términos de generar coaliciones con diversos sectores de la sociedad… es decir, hacer un gobierno de coalición amplísima y que esto se vea en resultados efectivos”, señaló en Ecuavisa.
