Bloomberg Línea — “Es la nueva era del oscurantismo en el Ecuador”, así describe Carlos Calvache el escenario que vive el país sudamericano que trata de salir de una crisis energética que se agudizó desde septiembre.
Él es fundador y gerente de C&C Textiles y Distribuciones, una empresa mediana dedicada a la fabricación de telas, prendas de vestir y dispositivos médicos. Sus instalaciones están en Cuenca (sur), una de las ciudades que reflejó la sequía más fuerte que ha vivido el Ecuador en al menos 60 años, según las autoridades. Los ríos de Cuenca alimentan el embalse Mazar, que es parte del sistema que aporta el 35% de la energía del Ecuador.
“En mis 50 años de vida, nunca le he visto al Tomebamba como una quebrada”, dice Calvache en referencia a uno de los ríos más importantes de su ciudad.
Durante la tercera semana de diciembre, este y los otros ríos de esa urbe recuperaron su caudal normal o estaban cerca de ello gracias a que las lluvias volvieron. Con ello, Mazar ha empezado a superar los niveles críticos y al 19 de diciembre ya superaba los 2.118 metros sobre el nivel del mar. En noviembre, se ubicó bajo los 2.110 metros, cerca del límite para dejar de operar.
Con los primeros apagones de septiembre, Calvache tenía la esperanza de que la situación mejorara en máximo 30 días y acopló las operaciones de su fábrica para adaptarse a los racionamientos, a pesar de que eso ya representó operar al 50% y reducir la jornada laboral de sus trabajadores. Calvache es consciente del efecto en cadena que eso ocasiona, pues la mayoría de sus 22 trabajadores son mujeres jefas de hogar, pero no tenía muchas opciones.
“Viendo que las condiciones no iban a cambiar, nos vimos obligados a comprar un generador”, dice a Bloomberg Línea. Aprovechó la eliminación del IVA decretada por el presidente Daniel Noboa en octubre para la compra de un generador eléctrico. Este y toda su instalación le representó un costo cercano a los US$30.000, lo cual no estaba planificado.
Pero eso no solucionó el problema. Abastecerse de combustible para alimentar su generador fue un reto, ya que hubo restricciones para la compra de diésel, además de desabastecimiento. A esto se sumó la presión por cumplir los contratos de la empresa, sobre todo los que mantiene con el Estado con su línea de productos médicos.
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Para su sorpresa, algunas instituciones públicas de las que es proveedor, le cobraron multas por no cumplir con los plazos de entrega a pesar de que todos los ecuatorianos vivían la crisis energética. “No reconocieron la causa de fuerza mayor. Nos dijeron que ya sabíamos del estiaje”, cuenta Calvache con indignación. El Estado actualmente mantiene una deuda de aproximadamente US$3.000 millones con sus proveedores.
Para Calvache, una de las principales fallas del Gobierno fue la falta de anticipación a la crisis. “Si nos avisaban en abril (cuando ya se vieron las primeras señales del fuerte estiaje) podíamos prepararnos mejor”. Ahora este empresario está incrédulo de las promesas del Gobierno de que la crisis energética está llegando a su fin. “El Gobierno debería sincerarse. Es mejor recibir la mala noticia verdadera, que vivir del engaño”, afirma.
Impacto para las micro y pequeñas empresas, pero también para las familias
Para las micro y pequeñas empresas, el impacto fue aún más fuerte. Chocofrut, una fábrica de chocobananas (bananas cubiertas de chocolate), ubicada en la ciudad costera de Quevedo, comercializa su producto a través de tiendas, heladerías y vendedores autónomos. Ellos -en su mayoría microempresas- al no contar con generadores eléctricos para mantener sus congeladores activos, no podían recibir los helados.
“Perdí el 80% de mis clientes”, cuenta Denis Cedeño, gerente general de Chocofrut. Es decir, que de 300 clientes, le quedaron 40 y sus ventas bajaron de US$10.000 mensuales a US$4.000. “Un mes más y estábamos al borde de quebrar o cerrar el negocio”, asegura.
Cedeño también se vio obligado a pausar los contratos de ocho de los 10 trabajadores de su planta de producción.
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“No estábamos preparados. Tuvimos que comprar generadores eléctricos que nos costaron casi US$10.000 y ni así se pudo recuperar el 100% de la productividad. Solamente alcanzamos un 40% porque las máquinas requieren mucha luz y como pequeña empresa era muy difícil mantenerse con generadores”, cuenta. El financiamiento lo consiguió gracias a sus ahorros y préstamos familiares. “La banca privada se blindó y pusieron trabas para sacar préstamos”, agrega.
A medida que los racionamientos se han reducido, Chocofrut está recuperando sus clientes, los trabajadores están retornando a su planta de producción y esperan cerrar el año con el 80% de su capacidad operativa.
Para recuperar sus ventas, Cedeño está preparando nuevos productos. En el mediano plazo considerará instalar un sistema de paneles solares para su fábrica, pues de esta crisis aprendió que no puede depender de la energía que provee el Estado.
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Para las familias también fue complejo el ajuste, pues tuvieron que cambiar los horarios de sus actividades diarias. Los teletrabajadores tenían que acoplarse entre trabajar en casa, buscar cafeterías o centros comerciales con generadores para poder instalarse con sus computadoras o visitar a familiares en barrios que no sufrían cortes de luz.
Los cortes pararon, aunque no para todos
Los racionamientos se han reducido con la incorporación de nueva generación eléctrica a través de una barcaza turca que provee de 100 megavatios y otra que llegó al país en los últimos días. También se reactivó la compra de energía a Colombia y las condiciones climáticas han mejorado.
Pero para parte del sector industrial del Ecuador, la crisis continúa. Del 15 al 31 de diciembre, siete de las más grandes industrias del país siguen desconectadas del sistema de transmisión. Entre ellas se encuentran dos mineras, dos acerías y tres cementeras. El resto de empresas se regirán por los racionamientos otorgados por la empresa eléctrica de cada ciudad y el gobierno anunció que desde el 1 de enero se suspenderán todos los racionamientos.
Gremios industriales han calculado que, por cada hora de apagón, se pierden casi US$12 millones.
Ya el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, dio una cifra más real del impacto de la crisis energética: “Las afectaciones ascienden a entre el 1% y el 1,5% del Producto Interior Bruto (PIB) del país”, es decir, entre US$1.200 millones y US$1.700 millones, según dijo en una entrevista a DNews.
Crisis energética abre dudas sobre la gestión de los recursos
Pero el estiaje no fue lo único que causó la crisis energética. La alta dependencia del Ecuador en sus centrales hidroeléctricas y la falta de inversión en otras fuentes de energía le pasaron factura al país este año. Una auditoría realizada por la Contraloría General del Estado sobre el Plan de Expansión de la Generación, incluido en el Plan Maestro de Electricidad para el periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2023, puso en evidencia deficiencias en la planificación y ejecución del plan energético del país.
Entre las falencias que destaca el organismo de control se encuentra la falta de información actualizada sobre el estado de la infraestructura eléctrica disponible con un escenario sobreestimado de la realidad. Además, las plantas termoeléctricas con 30 o 50 años antigüedad no han recibido el mantenimiento constante que requieren para enfrentar épocas de estiaje y muchas de ellas estaba fuera de servicio incluso desde 2018.
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La auditoría precisa también que al menos 14 proyectos, entre hidroeléctricos, térmicos y de energías renovables no convencionales, no se ejecutaron por falta de aprobaciones de políticas para el desarrollo y temas administrativos y de seguimiento.
“Con lluvias o sin ellas, tener apagones era cuestión de tiempo. No es una crisis climática, sino una crisis de insuficiente inversión”, dijo el economista y analista Alberto Acosta Burneo. Recuerda que el Estado invirtió en el sector energético durante la bonanza petrolera hasta aproximadamente el año 2014 y posteriormente fue disminuyendo, mientras la demanda seguía creciendo.
Es por ello que considera que se debe abrir paso a la inversión privada, bajo diferentes modalidades para el sector energético. “Es un sector que requiere inversiones tan grandes que el Estado no tiene una chequera suficientemente grande para hacer eso”, agregó Acosta Burneo.
La gestión de la crisis durante el Gobierno de Daniel Noboa no ha estado libre de críticas y dudas. Desde noviembre de 2023, el Ministerio de Energía ha pasado por cuatro liderazgos.
La actual responsable del sector, Inés Manzano, se mantiene como ministra encargada desde octubre. Además, las acciones anunciadas para reaccionar frente a la crisis, como el alquiler de barcazas a la empresa Karpowership y la contratación de la empresa Progen para dos proyectos de generación térmica, han sido cuestionadas por falta de transparencia y retrasos en sus contratos.
La crisis energética, además, se da en medio del pulso electoral de cara a las presidenciales y será un tema clave en las discusiones políticas del país en los próximos meses.
Una encuesta realizada entre el 8 y 12 de noviembre por la firma Comunicaliza reflejó una caída en la intención de voto de Daniel Noboa, quien busca la reelección en 2025, mientras que el apoyo para su principal contrincante, Luisa González (a fin al expresidente Rafael Correa) subió ligeramente.
En ese momento, la encuestadora predijo un “empate técnico” entre ambos candidatos: 27,5% para Noboa y 26,7% para González.
Además, según esa misma encuesta, los cortes de luz pasaron a ser la segunda preocupación más grande para los ecuatorianos, luego de la inseguridad.
Casi un mes después, Comunicaliza realizó una nueva encuesta y muestra que la intención de voto por Noboa se ha recuperado y mantiene un apoyo del 32,6%, frente a González, que registra un 29,9%. Si bien los 14 candidatos restantes mantienen un apoyo inferior al 2%, las soluciones a la crisis energética se ha convertido en el eje central de sus discursos públicos incluso antes de que la campaña electoral arranque oficialmente.
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Los choques económicos se agravan por los apagones
Con el choque energético al que se enfrentan las industrias en Ecuador, el país sentirá los efectos en su crecimiento económico y sus finanzas este año, en un entorno de por sí ya complicado por cuenta de la ola de violencia en el país.
Luego de la pandemia, Ecuador creció un 9,8% en el 2021, en el 2022 un 6,2%, y en el 2023 un 2,4%, según cifras del Banco Mundial (BM). La estimación del banco es que el país andino crezca un leve 0,3% en 2024, mientras que para 2025 proyecta que el PIB se expanda un 1,6% y un 2,2% en el 2026.
El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs, respondió a Bloomberg Línea que la crisis energética en Ecuador, agravada por la peor sequía en más de 60 años, ha generado pérdidas significativas en los sectores industrial y comercial y “está proyectando una sombra preocupante sobre la economía del país”.
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En sus más recientes proyecciones, la Cepal estimó que la economía ecuatoriana crecerá apenas un 0,8% (desde el 2,4% del 2023 estimado por la Cepal) y un 1,4% en el 2025, gracias a una perspectiva internacional más favorable, menores presiones inflacionarias globales, el fortalecimiento de vínculos comerciales con China luego de la firma del acuerdo de libre comercio, una contribución sostenida del consumo privado y una dinámica de crecimiento en las exportaciones de bienes favorecida por un repunte de la demanda externa.
Para la Cepal, existen riesgos que podrían complicar este panorama, como el aumento en los pagos de la deuda pública externa, el impacto de las políticas arancelarias de Estados Unidos, el cierre de operaciones del campo petrolero ITT, situado en la Amazonía ecuatoriana, y problemas estructurales como la informalidad laboral y desigualdades socioeconómicas.
Otras proyecciones como la del Fondo Latinoamericano de Reservas (Flar) apuntan a que la economía ecuatoriana retrocederá este año un -0,4%, proyección que comparte el Fondo Monetario Internacional (FMI), en tanto que la firma PROEstudios proyectó en el Índice Macroeconómico de Actividad Productiva del Ecuador (Imacro) que el PIB caería un -1,2%.
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Según Salazar-Xirinachs, el principal reto a corto plazo es la necesidad de diversificar la matriz energética, dado que la energía hidroeléctrica es una fuente vulnerable a la variabilidad climática y la sequía, lo que deja al país expuesto a futuras crisis energéticas recurrentes.
La transición hacia fuentes de energía más sostenibles y resilientes es esencial para reducir esta vulnerabilidad, dijo a este medio durante la presentación del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2024.
A pesar de los desafíos que plantea para su economía, Ecuador tiene un gran potencial para atraer inversiones internacionales gracias a su abundancia de recursos energéticos, con la opción de multiplicar hasta por 20 su capacidad hidroeléctrica y desarrollar un mercado de gas natural competitivo, al mismo tiempo que puede explorar energías alternativas como la solar, eólica y geotérmica, según el gerente general de la empresa Green Power y también consultor energético Jorge Luis Hidalgo.
La clave para 2025 debe ser la diversificación y el desarrollo de un plan estratégico de seguridad energética nacional que impulse el aprovechamiento sostenible de estos recursos.
