Bloomberg Línea — El martes 16 de abril, el presidente del Ecuador, Daniel Noboa, anunciaba una declaratoria de emergencia al sector energético, en medio de una crisis que ha obligado al país a racionamientos de energía en los últimos meses y que se reactivaron en la última semana.
En su anuncio, Noboa le pidió la renuncia a la ministra de Energía, Andrea Arrobo Peña, y anunció que se iniciaba una investigación interna por “sabotaje”, pues existía la sospecha de que había intenciones de terceros en ciertas zonas y en ciertas plantas eléctricas.
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Los resultados no se hicieron esperar. En la mañana del miércoles 17 de abril, tan solo un día después del anuncio, la Presidencia del Ecuador emitió un comunicado en el que confirma que la investigación preliminar llevada a cabo por la nueva administración del Ministerio de Energía y Minas, liderada por el ministro encargado Roberto Luque, “dio indicios de que funcionarios de alto nivel de la Cartera de Estado, incluida la exministra Andrea Arrobo, ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético”.
Las primeras investigaciones, reza el texto, indicaron que se suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética, “con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas”.
Es así como se afirma que los recortes de energía, que se presentan desde el último trimestre del año anterior, “no solo respondieron a circunstancias ambientales, sino a actos inauditos de corrupción y negligencia”.
Los hechos que llevan el caso de negligencia a la Fiscalía
Por cuenta de estos hallazgos, el gobierno de Daniel Noboa presentó ante Fiscalía General del Estado una denuncia por paralización del servicio público contra “22 saboteadores” que buscaron hacer daño a todos los ecuatorianos, afectando su desarrollo y productividad.
Los aspectos encontrados mostraron las condiciones críticas de los embalses de Mazar y Paute, que registran “un nivel de almacenamiento operativo de 0% en Mazar; y de 4% en Paute”.
Además, el caudal en la central Coca Codo Sinclair registró un déficit del 40% con respecto al promedio histórico. “Los análisis de CENACE señalan que esta situación sobrepasa récords históricos, y, advirtió que el déficit energético que enfrentaría el país a partir del mes de abril se ubicaría entre 22 y 27 GWh”.
Las acciones contra el “crimen organizado”
Así mismo, el gobierno ecuatoriano comunicó que se habían tomado diferentes acciones para “defender” a la ciudadanía de las pretensiones del “crimen organizado”, detallando los siguientes puntos:
- Solventar el 50% de la factura eléctrica del mes de abril de los hogares ecuatorianos.
- Decretar la suspensión de la jornada laboral los días jueves 18 y viernes 19 de abril de 2024. Los sectores estratégicos del Gobiemo estarán operativos y enfocados al 100% en la tarea de la resolución de la crisis energética.
- Durante estos dias se efectuarán mantenimientos en las plantas eléctricas, lo que implicará el racionamento energético en horarios determinados inamovibles, que serán comunicados a las 17:00 (horal local) mediante la página del Ministerio de Energía.
“El Gobierno de Ecuador reitera su compromiso de combatir frontalmente la corrupción, especialmente en el sector energético, el cual, como es de dominio público, ha sido utilizado por funcionarios de administraciones anteriores para sacar beneficios personales”, finalizó el comunicado oficial.
