Bloomberg Línea — La Corte Constitucional, máximo organismo de control constitucional de Ecuador, suspendió este martes el decreto ejecutivo que permite que el Ministerio de Ambiente otorgue licencias ambientales.
Con ello, el órgano admitió la demanda de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y suspendió de forma provisional el Decreto Ejecutivo 754 que reglamenta la consulta ambiental de proyectos mineros en las comunidades.
La Conaie presentó un pedido de medidas cautelares el 13 de junio contra el dicho decreto, emitido en mayo de 2023, que regula las consultas ambientales de proyectos mineros y productivos en las comunidades en las que se van a desarrollar.
La suspensión temporal significa que posibles retrasos en proyectos del sector minero, hasta que se resuelva un vacío legal.
La Corte consideró verosímiles, inminentes y potencialmente dañinos la aplicación de las consultas prelegislativas establecidas en el decreto impugnado.
Además, subrayó la gravedad del daño que podría provocar realizar procesos de consulta con base en una norma que según los demandantes “no habría sido consultada, que busca imponer a la fuerza y que no observa los estándares constitucionales e instrumentos internacionales”.
El abogado en Derecho Administrativo y Constitucional, Diego Paredes, quien calificó la decisión como “golpe” al sector productivo, dijo que hay más de 150 proyectos que requieren este paso para la obtención de licencia ambiental.
El Ministerio del Ambiente había informado antes que entre las obras paralizadas por falta de licencias hasta antes del decreto, estaban minas, plantas de tratamiento de agua, hoteles y otros proyectos de inversión. Esto debido a la falta de una consulta prelegislativa, obligatoria para el Ejecutivo, a fin de obtener insumos de la ciudadanía y reformar al reglamento al Código del Ambiente.
También, el actual viceministro de Gobierno, Mario Cuvi, reaccionó en un tuit al decir que la nueva decisión de la Corte Constitucional da como resultado “proyectos productivos congelados”.
El experto en industria extractiva Fernando L. Benalcázar hizo mención de la acción pública y agregó que “Ecuador es para los inversionistas un país triple I: Incertidumbre, Inestabilidad e Inseguridad jurídica. Gravísimo si aún requiere Licencia Ambiental”.
