Bloomberg Línea — Aunque el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dijo en febrero que el presidente Guillermo Lasso mantenía el decreto de ‘muerte cruzada’ sobre su escritorio, tras la derrota en la Consulta Popular y las iniciativas de juicio político, pasaron tres meses para que este fuera activado en el Ecuador.
El miércoles, a primera hora del día, el presidente ecuatoriano emitió el Decreto Ejecutivo 741, a través del cual disolvió la Asamblea Nacional “por grave crisis política y conmoción interna”, una medida que está respaldada en el artículo 148 de la Constitución Política del país, y que le permite interrumpir el juicio político que se estaba tramitando en su contra y que sería votado por el pleno de la Asamblea en los próximos días, una vez se terminara el debate.
Ante la medida, los asambleístas del país han dividido sus opiniones y han expresado que la decisión política de Guillermo Lasso es un triunfo para quienes impulsaron el juicio político, mientras otro sector defiende que el presidente no debía ser censurado por un delito no cometido.
“La emisión de este decreto es el triunfo de la bancada de la Revolución Ciudadana frente al juicio político que propusimos y que como interpelantes llevamos a cabo con transparencia y en defensa de la verdad. Lo que hizo Lasso es una cosa: impedir la votación del juicio político que era, en definitiva, el juicio de la historia”, señaló en plaza pública la asambleísta Marcela Holguín, del partido Unión por la Esperanza (UNES).
Agregó que Lasso, con esta decisión, se está aferrando al poder e impidiendo que “el Ecuador resurja”, señalando que la bancada de Revolución Ciudadana dispone sus cargos y asistirá a las elecciones anticipadas que debe convocar el presidente, aunque no adelantó nombres de quiénes estarían en los comicios.
Entre tanto, el asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas, escribió a través de su Twitter que se puede tener visiones distintas del país pero “jamás aceptaremos que el Presidente de la República, Guillermo Lasso sea sancionado por un delito que no cometió y sin que exista responsabilidad política probada. La democracia se defiende siempre”.
Así mismo, la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) emitió una declaración escrita en la que se califica a la ‘muerte cruzada’ como una medida “inconstitucional, sin efecto jurídico, inconveniente y disfraz de dictadura”.
En este texto, se señala que el presidente podría haber violado la Constitución, por lo que acudirán a la Corte Constitucional para implantar una demanda con medida cautelar y suspender el Decreto Ejecutivo 741.
¿Qué dijo el presidente Guillermo Lasso?
La decisión fue tomada en medio del juicio político que inició su discusión plenaria el martes y en el que el mandatario tuvo un espacio de defensa, para la cual empleó casi una hora de las tres otorgadas por la Constitución.
“Ciudadanas, ciudadanos, ante ustedes comparezco para decirles que no es posible avanzar, resolver los problemas de las familias ecuatorianas, enfrentar los profundos desafíos de la inseguridad y el terrorismo con una Asamblea que tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”, expresó en un mensaje a la nación.
El decreto firmado por el mandatario, argumenta que la ‘muerte cruzada se aplica por “conmoción social”, precisando que “varios legisladores y líderes políticos han manifestado públicamente que, en caso de no conseguir su objetivo de destituir al presidente de la República en la Asamblea Nacional, recurrirán a la violencia en las calles. Esto nuevamente demuestra la existencia de una crisis política y conmoción interna por la que atraviesa el país actualmente”.
