Bloomberg Línea — Después de ser aplicada la ‘muerte cruzada’ por parte del presidente Guillermo Lasso, cuyo desenlace fue la disolución de la Asamblea Nacional la semana anterior, el Gobierno nacional ha comenzado a emitir diferentes decretos con alcance de ley, como la reforma tributaria que busca reducir la renta personal de más de 300.000 contribuyentes y que se firmó la semana anterior.
Es así como el mandatario firmó la expedición de un nuevo decreto-ley para la Atracción de Inversión al Ecuador, que otorgará beneficios tributarios y seguridad jurídica a quienes se establezcan en las zonas francas del país. El decreto ya fue enviado a la Corte Constitucional.
“He firmado un decreto-ley clave para el desarrollo del Ecuador: la Ley de Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo. Con esto, queremos atraer inversiones, que los sectores productivos lleguen a nuevos mercados, que se reduzcan los costos de producción y se generen más empleos. Tengo la convicción de que con esta normativa se abren nuevas oportunidades para los ecuatorianos”, dijo el mandatario ecuatoriano al cierre del evento.
Con este nuevo texto, el gobierno Lasso busca incrementar las exportaciones del país y ampliar las posibilidades de operación de este tipo de área geográfica especial. El Ministerio de Producción calcula que un 25% o 35% de las exportaciones del país pasarían a producirse en zonas francas.
“Nosotros estamos planteando que se pueda hacer zona franca para exportar bienes o servicios, software es un servicio, lo que sea, prácticamente lo que sea, como es en cualquier parte del mundo”, dijo el ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, al precisar que en el Ecuador, en la actualidad, una zona franca se hace para exportar, pero sólo para determinados tipos de negocio.
¿Qué beneficios tendría la Ley de zonas francas?
El decreto del Gobierno para las zonas especiales de desarrollo económico (ZEDE) cambia la manera en que se conciben las zonas francas en el país, pues en la actualidad estas solo pueden existir por iniciativa del Estado, y la Ley se estandariza al funcionamiento de otros países de América Latina y el mundo, en el que estas zonas también son iniciativa del sector privado o mixtas.
Así mismo, se busca que más sectores puedan estar y operar en las zonas francas, pues en la actualidad y bajos los lineamientos de las leyes de 2010, solo había cuatro áreas aprobadas: tecnología e innovación, diversificación industrial, servicios logísticos y sector turístico.
Pero uno de los puntos más importantes es la reducción de impuestos para incentivar la creación de zonas francas, como una exención al pago de impuestos al comercio exterior, crédito tributario por el IVA pagado en compra de materias primas, insumos y servicios nacionales, y exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD), el cual ya se está reduciendo este año hasta el 2,0% en diciembre.
Previo a la presentación oficial del decreto-ley, Arosemena defendió en una rendición de cuentas el lunes que los beneficios de estas áreas en el país “son centavos”, y que la Ley propuesta busca un “cero impuesto a la renta a 10 o 15 años, dependiendo de la ubicación”.
La distribución de esta suspensión del impuesto de renta depende de dónde se ubique la zona franca. Es decir, si está en la frontera del país, la zona tendría un impuesto de renta de 0% por 15 años, y si se ubica dentro de las fronteras, el impuesto sería de 0% pero por 10 años. Además, se plantea que se haga una reducción de 10 puntos porcentuales a este impuesto después de los 10 o 15 años, y por el tiempo en que se extienda la duración de esta área comercial.
Los decretos-ley después de la muerte cruzada
Aunque el Gobierno ha comenzado a emitir decretos con carácter de Ley y que tienen una activación casi inmediata, pues no deben ser debatidos y aprobados por la Asamblea Nacional, estos sí son revisados por la Corte Constitucional.
Así mismo, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, precisó la semana anterior que la aplicación de la ‘muerte cruzada’ y en el período hasta que se realicen las elecciones anticipadas, el gobierno solo podrá expedir decretos-ley de urgencia económica, excluyendo asuntos judiciales y de otra índole.
Este año, Ecuador está reduciendo de manera progresiva el impuesto a la salida de divisas, pasando de 4,0% a 2,0%, alcanzando el 3,50% en julio y el 2,0% en diciembre.