A un mes de que los ecuatorianos voten en una consulta popular que se detenga la explotación petrolera en Yasuní, Cristóbal Kasent, de nacionalidad shuar y coordinador regional de seis provincias amazónicas, informó que promoverá una acción de protección fin de evitar en contra del freno a la actividad petrolera del bloque ITT.
El reclamo involucra a las comunidades shuar, kichwa y waorani de las provincias de Orellana y Sucumbíos.
Kasent subrayó que los resultados de la consulta popular dejaron a la vista el rechazo a la propuesta de dejar el crudo en tierra por parte de los pobladores de Orellana y Sucumbíos, los directos perjudicados.
“Nosotros somos los afectados, las nacionalidades shuar, kichwa y waorani, de eso vivimos, dependemos de proyectos de desarrollo”, sostuvo el líder indígena en diálogo con el programa Vis a Vis.
Según Kasent, el colectivo Yasunidos no tenía por qué presentar esta consulta a nivel nacional y aseguró que estas comunidades no necesitan “portavoces”, sino que les consulten directamente.
Destacó además que Yasunidos no conoce la realidad de las comunidades aledañas que viven del trabajo que se desprende de esta actividad extractivista. Pero, además, aseguró que se ha visto que la explotación petrolera se llevado adelante de manera “responsable” y cumpliendo “estándares ambientales”.
El plebiscito
El 20 de agosto se llevó a cabo la consulta popular en la que se preguntó a todos los ecuatorianos si estaban de acuerdo con dejar el crudo en tierra en el Yasuní. Los resultados fueron:
- Opción sí: 5′541.585 votos (58,95%)
- Opción no: 3′859.507 votos (41,05%)
No obstante, en la provincia de Orellana ganó el No con un 58% y en Sucumbíos con el 52%.
Según informa el portal El Universo, al momento se continúa con la explotación petrolera que asciende a 58.000 barriles diarios. La consulta popular da un año a Petroecuador para desmantelar la millonaria infraestructura que se ha levantado en el sitio y que costó US$1.900 millones. Además, se ha dicho que el costo de abandono sería cercano a US$500 millones. Además se dejaría de percibir el ingreso anual que en 2022 fue US$1.200 millones, aunque anlgunos analistas consideran que esta cifra esta sobreestimada.