Bloomberg Línea — El pasado 30 de marzo, la Corte Constitucional de Ecuador admitió el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso solicitado por un sector político de la Asamblea Nacional, por acusaciones de peculado en empresas públicas ecuatorianas.
El proceso, que también pasó el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL), llegó a las manos de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que está aún dentro del plazo de 30 días que menciona la Constitución para presentar un informe de juicio político que finalmente deberá ser tratado en el pleno del legislativo.
En estos 30 días de trámite en la Comisión de Fiscalización, se otorgan 10 días para que el presidente presente sus sustentos y otros 10 días para que la parte acusadora haga lo propio. Los 10 días restantes son, justamente, para la elaboración y emisión del informe.
¿En qué va el juicio político contra Lasso?
El pasado 14 de abril, la comisión encargada de esta fase del juicio político, aprobó un paquete de pruebas que se incorporaron al proceso y que fueron remitidas por la Presidencia, incluyendo documentos del Flopec (Flota Peruana Ecuatoriana), Asamblea, Procuraduría, Contraloría, EMCO y Fiscalía.
Además, desde el gobierno se incluyeron dentro del proceso 23 comparecencias que incluyeron a la fiscal Diana Salazar; al contralor, Carlos Riofrío; y a los nueve integrantes de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, según comentó el presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Fernando Villavicencio.
Hacia el 16 de abril, la Secretaría Jurídica de la Presidencia remitió un oficio a la comisión para incluir dos pruebas testimoniales: Jaime Condoy Blacio, exgerente de Flopec, y Andrea Poveda Camacho, exsecretaria relatora de la Comisión de Régimen Económico.
Además, el mandatario pidió, a través del mismo oficio, que se exigieran los informes de fin de gestión de los últimos seis gerentes generales de la flota estatal, como parte de las pruebas.
Esta agenda de comparecencias comenzó el pasado lunes 18 de abril y está ahora en su recta final. La oposición, que estaba centrada en que el gobierno debía dar por terminado el contrato de Flopec con Amazonas Tanker Pool, ahora señala que este contrato no debía renovarse automáticamente.
Junto a esto, se conoció que el presidente no asistirá en persona a la conclusión de comparecencias citada para el 26 de abril, en su lugar, lo hará su abogado Édgar Neira.
¿Qué sigue en el juicio político después de la Comisión de Fiscalización?
Cuando la Comisión de Fiscalización termine los 30 días de comparecencias y construcción del informe de juicio político, este texto debe llegar al presidente de la Asamblea Nacional, quien en un plazo de tres días hará llegar el informe a todos los congresistas y estos contarán con dos días más para revisarlo.
Cumplidos estos plazos, en cinco días máximo, el juicio político deberá incluirse en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional.
En esta sesión plenaria, el presidente Guillermo Lasso tendrá tres horas para defenderse, acción que puede hacer en persona o que puede hacer su procurador representante. Después, los asambleístas podrán intervenir por 10 minutos cada uno durante el debate.
Las fuerzas políticas han calculado que estos primeros plazos en el pleno del legislativo se podrían cumplir alrededor del 15 de mayo próximo.
Agotado ese primer debate, que puede incluso durar varios días, será el presidente de la Asamblea quien dispondrá de cinco días para convocar de nuevo al pleno y así dar votación a la posible censura y destitución del presidente Lasso.
La Constitución Política indica para que la censura al mandatario sea aprobada, se requieren 92 votos a favor de los 137 posibles en el pleno de la Asamblea. En caso de ser destituido, Lasso sería reemplazado por el vicepresidente Alfredo Borrero. Esto, en caso de que el mandatario no haga antes uso de la figura de ‘Muerte cruzada’, por la cual disuelve la Asamblea y convoca a nuevas elecciones generales en el país.
