Bloomberg Línea — El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha enviado al Legislativo una iniciativa para convocar a la ciudadanía a un referéndum, con el fin de que aprueben o no un proyecto de desarrollo nacional.
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En su comparecencia semanal a medios de comunicación, el mandatario, junto con Laura Fernández Delgado del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), presentó el 5 de junio el proyecto de Ley Jaguar, iniciativa para llevar a consulta ciudadana cuatro temas clave para el país.
El proyecto de ley 24.364 incluye propuestas como la construcción de Ciudad Gobierno, la expansión de la Marina y la creación de una Terminal de Cruceros en Limón y reformas a la Contraloría General, detalló el Ejecutivo.
Chaves ha dicho que el proyecto no contempla la venta del Banco de Costa Rica (BCR), ni la reelección presidencial o las jornadas 4x3. Tampoco supone un atentado a la Contraloría, como han indicado sectores.
El proyecto de ley requeriría 29 votos de los diputados de la Asamblea Legislativa para su aprobación.
Sin embargo, Chaves también anunció que un “ciudadano distinguido” solicitará ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el permiso para recolectar las 180,000 firmas necesarias para convocar un referendo, una acción de doble vía que reafirma la determinación del mandatario de avanzar con su agenda.
La propuesta de Ley Jaguar plantea los siguientes puntos:
- Fortalecer y aclarar el ejercicio de fiscalización y control de la Contraloría General de la República.
- Precisar la aplicación y uso de la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles por la Administración Pública.
- Puntualizar las actividades y los mecanismos en los que la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) puede desarrollar y convenir Alianzas Estratégicas.
Todos los contenidos del proyecto de Ley Jaguar son conexos, tienen unidad temática y son una urgencia nacional para impulsar el desarrollo nacional, explicó la diputada oficialista Paola Nájera Abarca.
Mientras que el catedrático José Ángel Vargas explicó vía Facebook que el proyecto Ley Jaguar “requiere un riguroso análisis” desde el punto de vista jurídico y administrativo, en el marco del estado social de derecho.
Para el analista, el texto “tiene serios problemas de lógica y tiende a manipular la opinión pública, ya que efectúa una crítica general a la Contraloría General de la República sin puntualizar y demostrar cada uno de los señalamientos en contra de esta Institución, ni tampoco explicita el concepto de desarrollo nacional del que parte”.
Sin embargo, Vargas dijo es importante revisar la función que ha cumplido la Contraloría General de la República, especialmente en cuanto al manejo de los fondos públicos y a los actos de corrupción que se han presentado en la administración pública, pero de acuerdo con las modificaciones de ley que plantea el proyecto, este implica limitarle las potestades de control que le son inherentes y permitirle al Poder Ejecutivo que actúe libremente.
En tanto, el profesor universitario Manuel Moraga es del criterio de darle el sí a Ley Jaguar y si el referéndum. “A algunos les encanta ver el vaso medio vacío y otros medio lleno, lo cierto es que a la Contraloría lejos de debilitársele se le deben dar competencias más ágiles y que mejoren la eficiencia del país”.
La firma de abogados Consortium Legal dispone el texto de la Ley Jaguar en este enlace.
