Bogotá — Empieza la cuenta regresiva para la emisión obligatoria de la facturación electrónica, esto de acuerdo con la Resolución del 1 de julio de 2022 de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), que definió un calendario específico por grupos de contribuyentes.
Los primeros con la obligatoriedad fueron los grandes contribuyentes, desde el primero de febrero pasado. Luego, en abril, se sumaron los declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o declarantes de ingresos y patrimonio.
El último grupo (que actualmente está) empezó el primero de mayo y fueron los no declarantes del impuesto sobre la renta o complementarios. Ahora, con la obligatoriedad del último grupo, todos los sujetos que facturen por encima de cinco 5 UVT (Unidades de Valor Tributario), que son $212.060, están obligados a emitir facturas electrónicas.
Frente a lo que sucederá con quienes no cumplan con esta normativa, Mario Giraldo, experto en facturación y software de impuestos de Sovos Latinoamérica, le explicó a Bloomberg Línea que “ese punto es muy importante y va por la no legalidad del documento POS cuando supera las 5 UVT y dentro del calendario de la DIAN. Esto implica que solamente una factura electrónica podrá servir para soportar costos y gastos e impuestos descontables en las declaraciones de renta e IVA”.
A lo que agregó que la Dian ya está haciendo auditorías a empresas y proveedores tecnológicos a nivel nacional para validar que las empresas ya obligadas estén cumpliendo”.
El incumplimiento de esta norma generará sanciones que van desde el cierre del establecimiento por hasta 30 días hasta multas pecuniarias de hasta el 1% del valor involucrado en las facturas no cumplidas.
Aumento del recaudo fiscal
El experto de Sovos Latinoamérica señaló que al crear este tipo de leyes la Dian busca, por los medios necesarios, que su recaudo fiscal aumente y que sea lo que realmente le corresponde. Además, que ya la facturación electrónica está en cuatro continentes con resultados muy positivos para la autoridad de impuestos de cada país.
“La principal ventaja a nivel de Estado es el aumento fiscal que debe beneficiar a todos los colombianos, porque el IVA es aproximadamente el 30% de los ingresos del Estado; de forma indirecta también se ve afectado el de renta, con lo que completaría más del 50% de los ingresos de Colombia”, enfatizó.
Y agregó que existen también ventajas a nivel de compañía como la posibilidad de tener claridad y coherencia en la contabilidad, poder generar nuevos KPIs y dar la pauta para mejorar toda la infraestructura tecnológica. En cuanto a las desventajas, refirió que la principal es el esfuerzo que tiene que hacer la compañía para cumplir con el mandato.
