Bogotá — Aunque el Gobierno Petro logró archivar la ponencia alternativa de la reforma pensional que había presentado la senadora del Partido de La U, Norma Hurtado, al proyecto del presidente todavía le queda camino por recorrer y el nuevo palo en la rueda tiene que ver con los consensos que establecieron el Ejecutivo y los liberales. La razón: no convencen ni a los sindicatos ni a los fondos privados de pensiones.
El Gobierno, en cabeza del Ministerio del Trabajo, aceptó bajar el umbral de tres salarios mínimos a 2,3 para definir las cotizaciones obligatorias a Colpensiones. No obstante, para la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ello afectará a un sector significativo de trabajadores y trabajadoras, que reducen su capacidad adquisitiva, empobreciendo más a esas capas medias y beneficiando a los fondos privados.
“Bajar el umbral desde donde se puede cotizar a los fondos privados es aumentar las ganancias del sector financiero, dueños del actual ahorro pensional privado”, expresó el sindicato.
Asimismo, señaló que apoya el umbral de los 3 salarios mínimos porque en ese valor se fortalecía a Colpensiones y se disminuían las ganancias de los fondos privados. “Hoy la situación genera mayor incertidumbre cuando se agrega por parte del vocero del liberalismo que el fondo de ahorro de esa cotización no lo haría Colpensiones”, dijo la Central.
Por otra parte, académicos coinciden en manifestar que ese umbral debería ser todavía menor. Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, expresó que es importante insistir en la reducción del umbral del pilar público, ojalá a 1,5 salarios mínimos. ”Esto profundiza la progresividad de la reforma, disminuye los subsidios para ingresos medios y altos, y hace más sostenible el componente de prima media”.
¿Y en los fondos privados?
Ahora bien, lo que propone la reforma pensional es que, a partir de tres salarios mínimos, las cotizaciones de los colombianos se hagan en los fondos privados de pensiones. No obstante, la crítica que han lanzando los fondos privados es que con esta decisión, la mayoría de las cotizaciones irían a Colpensiones porque allí se establece un umbral menor.
Además, estos fondos han insistido en que esta reforma no soluciona dos problemas del sistema: aumento de cobertura y mejora de la sostenibilidad fiscal.
Diógenes Orjuela, dirigente sindical, pide que se le explique a los trabajadores jóvenes y de reciente vinculación laboral, la lesión tan grande que se les creará al imponerles la obligatoriedad de cotizar a partir de COP$2 millones 990 mil en los fondos privados. “En otras palabras, por encima de este salario, no tendrán derecho a la prima media para el total de su salario, porque la cotización en los fondos privados tiene una miserable tasa de retorno en promedio del 30%, considerablemente menor a la del Colpensiones”.
A lo que agregó que se perjudica de esta manera al magisterio, a los profesores universitarios, a la Rama Judicial, a los trabajadores estatales, a los profesionales de la salud, a los trabajadores convencionados y a todo aquel que logre ganar más de COP$3 millones mensuales.
Y es que la reforma sigue sin convencer al mismo legislativo. “La reforma pensional del presidente Gustavo Petro expropia el ahorro de los colombianos, por esa razón voté negativamente la ponencia. Lamentablemente fuimos derrotados y su discusión avanzará en la Plenaria del Senado. Seguiremos dando el debate con argumentos y firmeza”, enfatizó el senador de Cambio Radical, David Luna.
En ese sentido, la senadora Hurtado, a quien se le hundió su ponencia alternativa, lanzó varias críticas al proyecto del Ejecutivo: sostuvo que el umbral de tres salarios mínimos en el pilar contributivo es insostenible en el largo plazo, también que la reforma podría aumentar en un 51,3% el gasto fiscal para cubrir las pensiones en 2070.
Explicó que las generaciones más jóvenes recibirán pensiones más bajas y que el país necesitará una gran reforma tributaria para poder pagarlas. Y agregó que Colpensiones enfrenta desafíos operativos y tecnológicos, pues pasaría de tener 7 millones de afiliados a tener 25 millones. “La eficiencia y seguridad en los procesos están en riesgo. La entrada en vigencia en 2025 podría generar traumatismos. Se necesita más tiempo para la reglamentación adecuada y la preparación institucional”, concluyó.
