Bogotá — Arrancó octubre y con él el último trimestre del año. Lo que indica que el próximo 16 de diciembre terminará el primer periodo de esta legislatura en el Congreso de la República, que inició el pasado 20 de julio.
Lo cierto hasta el momento es que son varios los proyectos del Gobierno Petro que acaban de ser radicados, otros que hacen fila en la corporación y unos más que se espera lleguen en estos tres meses. ¿Cuál es entonces el panorama y qué iniciativas corren peligro?
Fernando Posada, analista político, le dijo a Bloomberg Línea que “el Gobierno se la va a jugar por la reforma a la salud y por la reforma laboral, dos proyectos que ha buscado defender. Sin embargo, el panorama es muy complejo para el Ejecutivo teniendo en cuenta al menos tres elementos: los escándalos que han rodeado al Gobierno, que hacen que los apoyos partidistas sean más reducidos; así como también las encuestas, donde el Gobierno sale de una manera muy regular y los partidos que quieran de pronto apoyarlo, se dan cuenta del costo político que puede tener de cara a los electores; y además es un año electoral, en el que los partidos están pensando en todo menos en la agenda del Ejecutivo. Están pensando en sus metas locales, en elegir gobernadores, alcaldes, asambleas y concejos”.
A lo que agregó que “de aquí a finales de octubre pues realmente es tiempo de campaña, que probablemente se pierde. Se tiene hasta mediados de diciembre para hacer o dos o cuatro debates, depende de la iniciativa. Aquí es donde el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y los presidentes de Senado y Cámara deben llamar al orden a los congresistas para que no se ausenten como está ocurriendo descaradamente”.
Los proyectos recién radicados
El Gobierno Petro radicó recientemente varias iniciativas. Entre las que ha catalogado como proyectos banderas están:
-Proyecto de ley estatutaria de educación: que llegó el pasado 12 de septiembre a la Cámara de Representantes y mediante el cual se pretende regular la educación en todos sus niveles. La iniciativa propone la universalización progresiva del derecho a la educación, desde la primera infancia hasta la educación superior, a partir de los 0 años; amplía el ciclo preescolar de educación inicial, de un grado a tres, empezando en los 3 años; y establece la obligatoriedad expresa en la educación media, grados décimo y once.
También entrega facultades extraordinarias al Presidente por el término de 6 meses para que expida normas con fuerza de ley que establezcan las fuentes, esquema de financiación y los plazos para la materialización del derecho fundamental a la educación en todos sus niveles, las rutas de articulación entre la educación media y posmedia, y el régimen especial de las Escuelas Normales Superiores.
“Estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de la educación en Colombia. Logramos acuerdos que hoy nos permiten dar un paso crucial en calidad y pertinencia, un modelo educativo que permite que Colombia le cree oportunidades al aprendizaje y a la formación integral. El Gobierno Nacional le cumple una promesa a la sociedad colombiana”, expresó al respecto la ministra de Educación, Aurora Vergara.
-Implementación de la Jurisdicción Agraria: dos proyectos de ley radicados en el Senado por los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, de Justicia, Néstor Iván Osuna, y de Agricultura y Desarrollo Rural (e), Aura María Duarte, mediante los cuales se pretende regular el funcionamiento, las competencias, la estructura y la integración de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Entre lo que se propone está que comenzaría su implementación con la creación de cinco tribunales agrarios y rurales regionales (Caribe, Pacífico, Amazonía, Orinoquía y Andina), cuyo proceso incluiría la asignación inicial de 64 jueces de circuito, focalizados donde históricamente no ha existido una administración de justicia. También que el Consejo Superior de la Judicatura esté encargado de establecer los primeros tribunales y juzgados agrarios y rurales en un plazo de seis meses posteriores a la entrada en vigencia del acto legislativo.
“Esta herramienta es esencial para proteger y devolver la dignidad a millones de campesinos y campesinas colombianos. La Jurisdicción Agraria nos permitirá abordar de manera eficiente los conflictos rurales históricos y avanzar hacia la anhelada paz en nuestros territorios”, señaló Alexander López, senador del Pacto Histórico.
-Reforma a la Ley 1448 de 2011: el Gobierno, en cabeza del Minjusticia y la Unidad para las Víctimas, radicó ante el Congreso de la República su propuesta de reforma a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras para “convertirla en un mecanismo más efectivo ante las realidades actuales de las más de nueve millones de víctimas que, a la fecha, están en el Registro Único de Víctimas (RUV)”, indicó el Ejecutivo.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, explicó en la radicación que entre las principales apuestas de esta reforma se encuentra la armonización entre la política de víctimas con el Acuerdo Final de Paz, la inclusión de un enfoque de soluciones duraderas y la discusión sobre cuáles serán las fuentes de financiación, a través de la creación de una Comisión de Financiamiento para contribuir a superar el rezago existente en materia de atención y reparación integral.
Reformas siguen haciendo fila
-Reforma a la salud: este proyecto está en fila para ser votado en segundo debate. Se está a la espera de la entrega del informe de la comisión accidental, creada bajo resolución de la Cámara de Representantes, y cuyo objetivo es encontrar acuerdos en la iniciativa. Ese texto, que está a cargo de 23 congresistas de todos los partidos políticos, también concluye con el análisis de más de 600 proposiciones.
-Reforma pensional: está lista para segundo debate en la Plenaria del Senado de la República.
En junio pasado, durante su primer debate en la Comisión Séptima del Senado, se aprobaron 94 artículos en una discusión que se extendió por más de 7 horas y en donde la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció que el proyecto de ley incluirá el fallo de la Corte que reduce de 1.300 a 1.000 las semanas de cotización para que las mujeres accedan al derecho de pensión.
Asimismo, dijo que la iniciativa mantiene su sistema de pilares, el pilar solidario, contributivo, semicontributivo y de ahorro individual.
-Reforma laboral: a pesar de que este proyecto se radicó el pasado 24 de agosto en el Congreso de la República, apenas nombraron ponentes, por lo que está pendiente el primer debate en comisión.
Nuevamente fue designada como coordinadora ponente del proyecto la congresista María Fernanda Carrascal, quien al respecto señaló que “esta es la continuidad de un proceso que inició en marzo pasado y que vamos a llevar a cabo con toda la responsabilidad y disciplina que nos caracteriza. Coordinar la discusión política de la reforma laboral conlleva una responsabilidad enorme y es sentar a los distintos sectores, al empresariado y a los trabajadores, para discutir artículo por artículo. Recordemos que en el semestre pasado radicamos una ponencia, que fue acordada en más de 80%, y sobre esa trabajó el Gobierno. Así que estoy convencida de que vamos muy adelante”.
Lo que se radicará
Tres proyectos ya anunciados por el presidente Gustavo Petro:
-Reforma a la Ley 30 de educación superior: entre los aspectos que busca modificar el Gobierno Petro están el esquema de transferencia de recursos a las instituciones de educación superior públicas, el aumento de la cobertura y la política de gratuidad, la dignificación de la labor docente, el fortalecimiento de la infraestructura educativa y llevar oferta de educación superior pertinente a territorios más alejados.
Lo que se busca, además, es resolver el desfinanciamiento estructural de la Educación Superior pública, que asciende a $18 billones según el Sistema Universitario Estatal (SUE).
-Reforma a los servicios públicos: el proyecto del Ejecutivo que llegará al Congreso buscará la universalización de los servicios mediante la definición de tarifas solidarias y redistributivas, la ampliación de cobertura en zonas rurales, esquemas alternativos de prestación de servicios, así como la promoción de comunidades energéticas y de acueductos comunitarios.
Igualmente, se planteará el suministro de un mínimo vital para satisfacer las necesidades básicas de agua, energía, saneamiento básico e internet a poblaciones vulnerables, bajo la responsabilidad del Estado y sin implicar la gratuidad del servicio.
-Nueva Ley Minera: el director de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo, ha manifestado que lo que se pretende es tener un nuevo consenso social que permita superar un viejo modelo extractivista expresado en la Ley 685 de 2001, que aunque impulsó la gran minería del carbón, el níquel y el oro, también ha dejado una Nación envuelta en graves problemas sociales, ambientales y de orden público, muchos de los cuales se evidencian en las mismas estadísticas oficiales.
Por lo que el proyecto irá tras cinco objetivos específicos: una planeación del aprovechamiento de los bienes mineros respetuosa de las normas y deberes sociales, ambientales y étnicos, la modernización del modelo y ciclo minero en el país, el tránsito de economías extractivas a economías productivas, la protección integral a la minería artesanal, pequeña y mediana escala, y la generación de conocimiento geocientífico y el aprovechamiento de las reservas mineras en materiales estratégicos para la Transición Energética Justa.