Tributaria: lunares de la Regla Fiscal Verde y beneficios por transición energética

Si bien la reforma tributaria que radicó el Gobierno Petro impulsa la agenda que ha defendido esta administración en materia de transición energética, las medidas que propone traerían más perjuicios que beneficios, ¿por qué?

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Bogotá — Un segmento de la segunda reforma tributaria del Gobierno Petro, ya radicada en el Congreso de la República, es dedicada a la agenda de transición energética que ha defendido esta administración desde su llegada al poder. Sin embargo, medidas como la Regla Fiscal Verde y exenciones tributarias generarían más perjuicios que beneficios.

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En primer lugar, la ley de financiamiento del Ejecutivo incluye un cambio a la regla fiscal, permitiendo que el gasto en inversiones verdes no se contabilice dentro de los límites establecidos para el déficit fiscal. Esta modificación permitiría financiar inversiones verdes por hasta COP$5,5 billones anuales (0,3% del PIB hasta 2030 y 0,15% del PIB desde 2031 hasta 2035) fuera del espacio de gasto permitido por la regla fiscal.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, explicó que la Regla Fiscal Verde va dirigida a incorporar la posibilidad de que el Gobierno Nacional tenga acceso a sistemas de crédito que financien proyectos ambientalmente sostenibles que ya se están comenzando a identificar y que esos proyectos no entren dentro de la definición de la deuda de la Regla Fiscal.

Puntualizó además que el componente verde en la Regla Fiscal permite que las inversiones actuales en proyectos sostenibles reduzcan futuros costos económicos por eventos climáticos. “Además, impulsa el uso de energías limpias para descarbonizar la economía y promover el crecimiento sostenible”.

No obstante, esta medida, dice Fedesarrollo, va en contravía del compromiso del gobierno por el estricto cumplimiento de la regla fiscal y que “probablemente será interpretada por los acreedores como una señal de relajamiento en la senda de reducción del déficit y de la deuda pública del país, lo que podría aumentar los costos de financiamiento para la Nación”.

Posición con la que coincide José Ignacio López, presidente de ANIF, quien manifestó que resulta inconveniente introducir la noción de regla fiscal verde. “Ponerle colores a a la regla fiscal es socavarla, lo que en últimas se traducirá en una pérdida de credibilidad de la institucionalidad fiscal”.

A lo que añadió que esa medida traería consigo mayores tasas de interés para el Gobierno Nacional, las empresas y las familias colombianas.

Otra de las voces en contra es la de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, quien aseguró que el proyecto termina usando la modificación en la Regla Fiscal como “instrumento para seguir en el derroche de gastos de funcionamiento que están creciendo entre el 2023 y el 2025 en COP$117 billones (lo equivalente a ocho reformas tributarias)”.

A lo que añadió que este es un pésimo mensaje a calificadoras de riesgo e inversionistas internacionales, y que aprobar esta reforma es una equivocación “y la incertidumbre que genera a la inversión privada sería muy costosa a futuro”.

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Juan Alberto Londoño, exviceministro de Hacienda, también se opuso a la medida y comentó que esta propuesta “es otra mentira, es pretender engañar. Es permitir gasto sin cumplir regla fiscal. Más gasto sin sustento en la estabilidad fiscal. Todo mal”.

La reforma tributaria 2.0 propone beneficios tributarios con un costo estimado de COP$300.000 millones anuales: exenciones fiscales para proyectos de generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales y la exclusión del IVA para servicios hoteleros en municipios de menos de 200.000 habitantes.

De acuerdo con el centro de investigaciones económicas citado, aunque estas medidas están alineadas con la agenda de transición energética y el desarrollo sostenible, representan un retroceso en el esfuerzo por eliminar la gran cantidad de exenciones y beneficios existentes en el estatuto tributario.

Otras de las medidas en este sentido son: triplicar la tarifa del impuesto al carbono e incluir al carbón dentro de la base gravable del impuesto, así como un cambio sustancial en la destinación de los ingresos de este impuesto.

Fedesarrollo, dirigido por Luis Fernando Mejía, indica que actualmente el 80% de estos recursos son transferidos al Fondo Nacional Ambiental, y el 20% se destinan al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y que con la reforma, el 66% de los ingresos pasarían a formar parte de la unidad de caja del gobierno, manteniendo el 34% restante para los usos actuales.

Además, que según el gobierno, el aumento en el impuesto al carbono tendría un impacto de 0,15 puntos porcentuales en la inflación y generaría recursos por aproximadamente $1,2 billones anuales. “Valoramos el aumento del impuesto al carbono, aunque es necesario analizar con más detalle sus efectos sobre la inflación y la actividad económica”.

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Por otra parte, la reforma sube el IVA del 5% al 19% para los vehículos híbridos. Una decisión que, según Pedro Nel Quijano, presidente de Aconauto, entorpecería el efecto positivo de estas tecnologías, “está demostrado que, a mayor carga impositiva, en este caso a los vehículos híbridos, lo que se logra es menos ventas, es decir, menor recaudo”.

El dirigente gremial mencionó que el estancamiento del sector automotor lo que se necesita es una política decidida que reactive las ventas por medio de hacer los vehículos más asequibles al comprador, a través de reducir los impuestos.

En ese mismo sentido, Jaime Cabal, presidente de Fenalco (Federación Nacional de Comerciantes), dijo que esta propuesta solo es una muestra más de la incoherencia del Gobierno, “quien por un lado pontifica sobre la importancia de la descarbonización de la economía y la lucha contra el cambio climático y por otro lado oprime con impuestos aquellas iniciativas que trabajan para lograr este objetivo”.

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Explicó que un impuesto de esta magnitud afectará más al sector automotor, que hasta ahora, después de 18 meses de caída en las ventas, se está recuperando precisamente apalancado por los segmentos de híbridos y eléctricos.

“Es increíble que la respuesta al plan de choque que le hemos venido pidiendo al Gobierno sea poner más impuestos. Esto es otro mensaje de incertidumbre que aleja a los inversionistas, preocupa a los consumidores y definitivamente afecta a la economía y la generación de empleo”, agregó Cabal.